Las miradas estaban dirigidas a Ada Colau ante la sucesión de hechos en el Parlament de Cataluña. La alcaldesa de Barcelona manifestó ayer que facilitarían la participación ciudadana, sin embargo, este viernes ha anunciado que el Ayuntamiento no cederá los colegios electorales y los locales municipales para impulsar el referéndum del 1-O.
De esta manera, el Consistorio se decanta por acatar la advertencia del Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que ha reclamado mayor información al Govern de Carles Puigdemont. Colau ha remitido una carta al presidente de Cataluña para que explique cómo va a garantizar la participación ciudadana sin poner en riesgo a las instituciones y a sus funcionarios
“La disposición a que puedan participar y movilizarse es absoluta. Pero repetimos lo que hemos dicho muchas veces: no pondremos en riesgo a la institución ni a los funcionarios”, ha apuntado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Un escenario que ha cambiado en el momento de que el Constitucional apuntara como cómplice a todo aquel que pusiera recursos para facilitar el referéndum independentista.
Y es que, según ha apuntado Pisarello, “los trámites ordinarios han quedado afectados por la interlocutora del Tribunal Constitucional”. La querella criminal con la que amenaza el tribunal está muy presente.
