El vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Ciudadanos considera que el Gobierno debería abrir una investigación para esclarecer si Podemos y su líder y vicepresidente primero del Ejecutivo, Pablo Iglesias, han sido financiados por el régimen iraní a través de transferencias a la productora 360 Global Media SL.
La formación naranja se hace así eco de la información del diario ‘El Mundo’ según la cual el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) habría detectado transferencias a la citada productora, vinculada a Iglesias por parte de empresas sospechosas de blanqueo de capitales.
Se trataría de 67 ingresos sospechosos a 360 Global Media, realizados entre 2012 y 2015, y de 23 transferencias al propio vicepresidente segundo por un valor total de 93.000 euros, todas ellas realizadas al parecer por empresas relacionadas con el régimen iraní.
Con el objetivo de saber si tiene intención de investigar este asunto, la diputada naranja Marta Martín ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en el Congreso en la que sugiere en concreto, que se esclarezca «la relación entre 360 Global Media SL, el partido político Podemos y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España para evitar dañar la imagen y reputación de las instituciones españolas».
Además, con su iniciativa, recogida por Europa Press, Ciudadanos busca que el Gobierno deje por escrito si «tiene conocimiento» de que Iglesias «haya recibido transferencias directas ligadas al régimen de los Ayatolás», si «tiene garantías» de que ninguno de los miembros del Gabinete «ha recibido transferencias financieras vinculadas» al mismo y si «ha pedido explicaciones al Ejecutivo iraní sobre las actividades que financia en España y la finalidad de las mismas».
Asimismo, y más allá del caso particular de Iglesias, la formación naranja sugiere al Ejecutivo la «posibilidad de actualizar las reglas que rigen la financiación de partidos políticos para evitar que potencias extranjeras puedan poner en cuestión nuestra democracia liberal y nuestras instituciones mediante la financiación de elementos desestabilizadores en España»
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