Ciudadanos denuncia a la Generalitat por los avales del ICF y pide unirse a la causa abierta
Cataluña

Ciudadanos denuncia a la Generalitat por los avales del ICF y pide unirse a la causa abierta

La formación de Inés Arrimadas ya presentó una denuncia ante Fiscalía, que rechazó investigar a aforados.

Inés Arrimadas
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. (Foto: Ciudadanos/Pedro Ruiz)

Ciudadanos ha denunciado a los miembros del Govern por el aval del Institut Català de Finances (ICF) a las fianzas para los excargos de la Generalitat encausados en el Tribunal de Cuentas. Además, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que una su denuncia a la causa ya abierta por los mismos motivos.

La denuncia, consultada por Europa Press, tacha a los consellers de colaboradores necesarios de un presunto delito de malversación por el decreto del Govern que creó el fondo que el ICF utilizó para contraavalar a los excargos de la Generalitat enjuiciados por la acción exterior de la Generalitat.

Ciudadanos ya presentó una denuncia con el mismo contenido ante la Fiscalía Superior de Cataluña, que aceptó investigar la concesión de los avales, pero dejó fuera del caso a los miembros del Govern porque son aforados al TSJC.

Por eso, el fiscal archivó la denuncia para los aforados y señaló que el TSJC ya tenía una causa abierta por estos mismos hechos, y ahora el partido naranja pide al tribunal que una su nueva denuncia a esta misma causa.

De esta manera, la Fiscalía aceptó investigar a las personas denunciadas que no forman parte del Govern ni son aforadas y, en paralelo, el TSJC ha abierto diligencias sobre las personas aforadas.

La denuncia que Ciudadanos ha presentado al TSJC remite a su propia denuncia ante el fiscal, que ya se centraba en la decisión de la Junta del ICF que aprobó avalar las fianzas de los investigados en el Tribunal de Cuentas.

Este aval pudo hacerse a raíz de un decreto que el Govern aprobó unos días antes creando un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros, y según Cs este decreto fue “el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta” para avalar las fianzas y evitar que los investigados fueran embargados.

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