La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes acudirá a la Audiencia Nacional este miércoles a las cinco de la tarde para declarar ante el juez del caso Púnica por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid, en su caso mediante la adjudicación “arbitraria” de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 a la empresa de Arturo Fernández, entonces presidente de CEIM.
El magistrado Manuel García-Castellón la citó como investigada dentro de la pieza de la causa sobre la financiación del partido, en concreto por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.
Según el auto de imputación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aquel comité “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor” de la empresa de Arturo Fernández.
En su auto de citación, que dictó el pasado 2 de septiembre, el juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM). Y que Arturo Fernández, entonces en la presidencia de la patronal madrileña y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear «de manera encubierta gastos electorales».
El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013. En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de «conciertos dirigidos a beneficiar» a Arturo Fernández «amañando la adjudicación» de esos contratos. Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
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