“Ha sido un error, una negligencia administrativa”. De esta manera, Cristina Cifuentes ha justificado la información de eldiario.es en la que se desvelaba que la Comunidad de Madrid tenía desde hace varios meses la autorización de la Audiencia Nacional para entregar a la oposición las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el ‘caso Lezo’. La primera reacción del Gobierno regional, tras conocerse la situación, fue cesar a uno de los presuntos responsables. Este lunes, la documentación a los diputados regionales ha empezado a fluir.
La Comunidad de Madrid ha informado que ya se ha remitido a la Asamblea de Madrid las actas solicitadas por los parlamentarios. En concreto, según ha señalado, se ha registrado la respuesta a la petición de información relacionadas con las actas del Canal de Isabel II entre los años 2007 y 2015; con el acta del Consejo de Canal de Isabel II por la que se decide la constitución de Canal Extensia; con las escrituras o similar de constitución de Canal Extensia; y con el expediente completo de la adquisición de la mayoría accionarial de la empresa colombiana Inassa por parte de Canal Extensia.
Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo autonómico negó hasta en tres ocasiones tener la respuesta del juez que le permitía entregar esta documentación aunque la tenía desde agosto achacándolo a que se había ‘traspapelado’, la Comunidad de Madrid ha insistido en su versión. De hecho, en su comunicado, el Gobierno regional ha destacado que este movimiento de entrega llega “una vez que se ha tenido conocimiento de que el juez que instruye el llamado ‘caso Lezo’ entiende que no afecta al carácter reservado que tiene la causa en este momento procesal”.
Mientras tanto, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz, Ángel Garrido, ha adelantado también que comparecerá tanto en el Pleno como en la Comisión de Presidencia para informar sobre el reenvío de la información. En este sentido, tal y como ha recordado la Comunidad de Madrid, el dirigente madrileño ha apostillado que dará “todas las explicaciones necesarias sobre este tema”.
“Aquí no ha habido mala fe ni ocultación sino un lamentable error humano por el que ya hemos depurado responsabilidades”, ha sentenciado Garrido.
