Banderas de China y EEUU
Las autoridades de China han anunciado este lunes la imposición de sanciones contra varios altos cargos de Estados Unidos en respuesta a las medidas tomadas por Washington contra cuatro dirigentes chinos por las presuntas violaciones de los Derechos Humanos en Xinjiang contra los uigures, una minoría étnica que habita mayoritariamente en esa región autónoma.
La portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Hua Chunying, ha lamentado que la actitud del Gobierno estadounidense y sus políticos «haya dañado gravemente las relaciones entre los dos países», algo que debería «ser condenado».
Hua ha explicado que el enviado de Estados Unidos para la libertad religiosa, Sam Brownback, así como los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, son objeto de dichas sanciones. El Gobierno chino ha recordado que «Xinjiang es completamente un asunto interno de China, por lo que Estados Unidos no tiene derecho alguno a interferir».
En este sentido, las autoridades chinas tienen la determinación de «proteger su soberanía y hacer frente al terrorismo, el separatismo y las fuerzas religiosas extremistas», según informaciones del diario ‘South China Morning Post’.
El Gobierno de China ya había anticipado a finales de la semana pasada que tomaría «medidas equivalentes» por las sanciones adoptadas por Estados Unidos. El viernes, el portavoz del Gobierno Zhao Lijian advirtió de que Pekín también se reservaría el derecho de actuar contra instituciones o individuos que hayan actuado «mal» en temas relacionados con Xinjiang.
«Si Estados Unidos sigue actuando de forma arrogante, sin duda China contraatacará», aseguró antes de pedir a Washington «revocar de inmediato la decisión equivocada y detener cualquier palabra y acción que interfiera en los asuntos internos de China y dañe los intereses del país».
Expertos de Naciones Unidas y activistas han denunciado que al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías étnicas o religiosas habían sido recluidos en centros clandestinos de Xinjiang. Se cree que un millón de personas, en su mayoría uigures, han sido detenidos sin juicio.
El Gobierno chino siempre ha negado las acusaciones de abusos contra la población uigur en Xinjiang y ha atribuido a la propaganda contra el Gobierno las críticas que han ido saliendo periódicamente a la luz en estos últimos años. Pekín ha esgrimido también las supuestas amenazas de islamistas y separatistas en Xinjiang para justificar sus medidas.
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