05-05-2021 El presidente de la Fundación CEOE, Antonio Garamendi interviene durante la presentación del acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, AMAT y la Fundación CEOE en la Sede del Ministerio, a 5 de mayo de 2021, en Madrid (España). El acuerdo se firmó el pasado mes de abril con el fin de que las empresas puedan vacunar contra el coronavirus a través de las mutuas. En el caso de que sea necesario, cada comunidad autónoma podría pedir ayuda a las grandes empresas para utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de accidentes y vacunar en los próximos meses. ECONOMIA Cézaro De Luca - Europa Press
La patronal ha denunciado en un comunicado que esta decisión se ha adoptado «de manera unilateral y a espaldas del diálogo social», donde actualmente se está negociando la segunda pata de la reforma de pensiones, en la que precisamente uno de los asuntos a tratar es la pensión máxima y la base máxima de cotización.
«Existe una mesa específica con los interlocutores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social», subraya la CEOE.
La organización empresarial «no entiende» que se pida desde el Gobierno un pacto de rentas a los agentes sociales, y al mismo tiempo el propio Ejecutivo «tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a éste de forma sustancial».
La patronal advierte de que elevar las cotizaciones sociales y depositar una carga «aún mayor» sobre las empresas supone un «grave error», pues considera que tendrá «efectos nocivos sobre el empleo». De hecho, calcula que, sumando a esta medida la sobrecotización incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% «en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada».
«Las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación. Este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico», subraya la organización que preside Antonio Garamendi.
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