El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez
CCOO y UGT han valorado que el Gobierno haya prorrogado la cláusula de salvaguarda de las pensiones y han resaltado que el anuncio del Ejecutivo «es fruto de las demandas» que sobre esta materia han realizado ambas organizaciones sindicales, según han señalado en un comunicado conjunto.
«Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación», han señalado.
Ambas organizaciones sindicales han estado insistiendo en las últimas semanas sobre la necesidad de reponer la situación que fue objeto de acuerdo en el diálogo social en 2011, «corrigiendo las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013 y que ha sido objeto de prórrogas por dos veces en los últimos dos años».
Tanto para CCOO como para UGT es «imprescindible» que se apruebe en los primeros días de enero una norma en los términos que reclaman para reducir al mínimo el periodo de inseguridad jurídica que «se abre entre el 1 de enero y la fecha de aprobación y publicación en el BOE del Real Decreto Ley».
«Esta seguridad jurídica debe estar plenamente garantizada lo antes posible para todas las personas que precisan de esta figura para poder acceder a la jubilación sin ver minorados sus derechos de protección social», han apuntado.
Por otro lado, piensan que la prórroga debe garantizar tanto la aplicación de la cláusula para las decenas de miles de personas afectadas por esta garantía, como el derecho de opción por la nueva legislación aprobada en la reforma de pensiones de 2011, «cuando esta es más beneficiosa».
«Reclamamos la reposición íntegra del plazo indefinido con la que la cláusula de salvaguarda fue originalmente incluida en el acuerdo de pensiones de 2011, de forma que se garantice la cobertura de la misma a todas las personas afectadas, que son un número decreciente pero aún significativo, sin necesidad de tener que someterlas a la inquietud que supone su prórroga anual», han añadido.
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