El acuerdo también recoge mejoras laborales, como la jornada laboral de 35 horas semanales, la obligación del cambio normativo para establecer Planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas o la derogación de recortes.
El coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz Beltrán, ha destacado que el acuerdo “recupera el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas” y ha valorado que se haya podido alcanzar ante “un contexto muy difícil”.
“Este acuerdo viene a aliviar esta situación. También marca una senda ante unas patronales cerradas al diálogo que pretenden, una vez más, que la salida de la crisis pivote sobre los salarios de los trabajadores sin tocar los beneficios”, ha declarado tras la firma, recoge Europa Press.
Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha coincidido en que el acuerdo servirá para “amortizar de manera sensible los efectos negativos de la inflación”. “En materia normativa, cumple con la preocupación y los anhelos de la mayoría de los casi tres millones de empleados y empleadas públicas de nuestro país”, ha agregado.
Además, Lacuerda ha agradecido al Gobierno que, en un contexto de crisis, opte por revisar al alza los salarios de los empleados públicos en lugar de recortar.
Los sindicatos y Hacienda pactaron una subida salarial del 9,5% entre 2022 y 2024. Los empleados públicos recibirán un aumento del 1,5% retroactivo en 2022, que se sumará al 2% que ya han recibido a lo largo de este ejercicio y que aparecía recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. En total, la mejora salarial de 2022 habrá sido del 3,5%
El Consejo de Ministros aprobó este martes esa subida retroactiva del 1,5%, que se abonará como una paga adicional en noviembre. No obstante, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán una moratoria hasta diciembre y, excepcionalmente, hasta marzo de 2023.
Las nóminas de los empleados públicos se elevarán en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicará si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% y se cobraría en febrero, con carácter retroactivo y consolidable. La segunda variable de 0,5% para 2023 operaría si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno.
Para 2024, los sueldos de los funcionarios tendrán un alza del 2%, con una variable del 0,5% si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. De nuevo, se cobraría con carácter retroactivo y consolidable.
Al margen de las mejoras salariales, los sindicatos y el Gobierno también han incluido en el texto del acuerdo cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos. Los sindicatos destacan la jornada laboral de 35 horas semanales, con la eliminación de las limitaciones actuales para que cada Administración Pública pueda establecerlo, previa negociación colectiva.
Ambas partes también han acordado la derogación de los recortes implantados en 2012 y la derogación de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario. Asimismo, se desarrollarán y negociarán los planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas, así como la implantación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.
Otro de los puntos del acuerdo es la digitalización y diálogo social, con la garantía de mantener la atención presencial. También se llevará a cabo un plan específico de digitalización en zonas con menor población y más dispersa.
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