Sordo hizo estas declaraciones durante una entrevista en Servimedia al ser preguntado por las palabras de un líder sindical de CCOO en Cataluña, que defendió que el Gobierno pueda cerrar empresas como Glovo ante el incumplimiento sistemático de la legislación vigente, en este caso de la ‘ley rider’.
“Nosotros lo que estamos planteando es que ante el incumplimiento, yo diría que casi sedicioso de la ‘ley rider’ por alguna empresa, ha llegado el momento de ir un poco más allá, y un poco más allá es entrar ya en el tratamiento penal”, sostuvo Sordo, aunque sin citar explícitamente a Glovo.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha impuesto multas millonarias a esta empresa de reparto alegando que no está cumpliendo los mandatos de la ‘ley rider’, pactada en 2021 entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
Para Sordo, no está teniendo efecto intentar que empresas que se declaran “en rebeldía” cumplan la ley solo con multas, que suponen “solo una pequeña parte de sus beneficios”. Ante este escenario, afirmó que la autoridad pública tiene “la obligación de actuar”, ya sea “impidiendo operar a estas empresas” o bien “llevando el incumplimiento legal al terreno penal”.
CONFLICTO EN LA INSPECCIÓN
Preguntado por las protestas y huelgas que los sindicatos de la Inspección de Trabajo llevaron a cabo en el primer semestre de 2023 para exigir el refuerzo de este organismo y que paralizaron ante el anticipo de elecciones, el líder de CCOO manifestó que espera que cuando se forme Gobierno se “puedan alcanzar consensos para mejorar las condiciones de trabajo” de estos trabajadores y de los medios humanos y materiales con los que cuentan para hacer su labor.
Al respecto, el secretario general de este sindicato explicó que “ni siquiera es un gasto para el Estado, sino una inversión”. “Que la Inspección de Trabajo cuente con los recursos humanos necesarios y con la posibilidad de utilizar los datos de manera suficiente tiene un efecto a medio plazo muy importante en la reducción del fraude laboral y en la mejora de la recaudación de la Administración Pública”, enfatizó Sordo, quien avisó de que “vamos a continuar con esas negociaciones en cuanto se pueda”.
Al término de la legislatura, fuentes del Ministerio de Trabajo criticaron que tenían un acuerdo con los sindicatos de la Inspección que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no autorizaba llevar adelante.
