La creación de una Hacienda catalana propia ha vuelto al primer plano con el anuncio del Govern de una hoja de ruta que permitirá a la ATC asumir nuevas funciones en la gestión del IRPF. Este avance, vinculado directamente al acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la investidura de Salvador Illa, refuerza la apuesta por una mayor autonomía fiscal en Cataluña, aunque ha despertado críticas en otros territorios por su posible impacto en la cohesión del sistema autonómico.
Una transición progresiva hacia la gestión del IRPF
El documento presentado por la Generalitat fija 2028 como el año en que la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá de forma efectiva la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En 2027, la ATC ya ofrecerá asistencia técnica a los contribuyentes durante la campaña de la renta.
Las tensiones políticas por la singularidad catalana vuelven así al centro del debate sobre la reforma del modelo autonómico
Como paso previo, la ATC empezará a utilizar su propia identidad visual en las comunicaciones oficiales, reforzando su presencia institucional. Según la consejera de Economía, Alícia Romero, el objetivo es que esté lista para la nueva financiación singular, ampliando progresivamente su papel recaudador hasta abarcar todos los tributos.
Cataluña se adelanta así al resto de comunidades en el camino hacia una administración tributaria propia, respaldada en parte por el trabajo de la consultora Minsait, del grupo Indra, que diseña el despliegue inicial del modelo.
El Gobierno garantiza legalidad, pero crecen las críticas
Desde el Ejecutivo central, el Ministerio de Política Territorial ha asegurado que el nuevo sistema se mantendrá dentro del marco de la Constitución y de la normativa europea. Sin embargo, el plan ha generado un profundo malestar en partidos de la oposición y en algunos barones del PSOE.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido uno de los más contundentes al acusar al Gobierno de priorizar “favores políticos” sobre una verdadera reforma de la financiación autonómica. Desde el PP y Vox también han surgido acusaciones de insolidaridad territorial.
Riesgos, personal insuficiente y posible fraude
La ATC cuenta actualmente con unos 850 trabajadores, frente a los más de 4.400 empleados que la Agencia Tributaria estatal tiene desplegados en Cataluña. La Generalitat reconoce que se trata de un proceso complejo, tanto en términos operativos como en riesgos de fraude fiscal durante la transición.
El plan contempla una ampliación de plantilla, nuevas oficinas territoriales y una infraestructura reforzada para asegurar la viabilidad del traspaso. Pero el despliegue dependerá también de la aprobación en el Congreso de los Diputados de los cambios legales necesarios para transferir competencias en materia tributaria.
La Generalitat admite que sin respaldo parlamentario, el avance hacia una Hacienda propia no será completo, lo que añade incertidumbre al calendario previsto.
