Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Territorio, Ester Capella, quien ha explicado que la ampliación afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes, que no forman parte de los 140 ya declarados el pasado agosto, y que cumplen alguno de los requisitos que marca la Ley estatal de vivienda.
Entre las condiciones, que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos. También que el precio del alquiler o la compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.
Desde la Generalitat destacan que esta decisión se produce justo un mes después de que haya entrado el vigor en Cataluña la aplicación del tope del precio del alquiler en 140 municipios como respuesta a los cambios que se han producido en el mercado de la vivienda en los últimos meses.