Mossos d'Esquadra
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d’Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, Cataluña se configurará como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
El acuerdo también recoge que Cataluña ejerzca la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
La Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüistica, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar «un modelo propio» con «una política integral», y «todas las fases de la relación de los inmigrantes» con las instituciones catalanas «tendrán una posición determinante» en la legislación europea y española.
En la exposición de motivos del acuerdo, ambas partes justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña «ha sido siempre» un territorio con mucha población inmigrante, a la que «ha tenido la capacidad de integrar» en su modelo de «catalanidad». En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña.
«La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población», se puede leer en el pacto firmado por PSOE y Junts.
La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» que por su propia naturaleza «sean susceptibles de transferencia o delegación».
Con esta ley, según las partes firmantes, Cataluña «podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país» –incluida la integración lingüística– basada en «un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso».
El acuerdo, firmado en Bruselas por socialistas y posconvergentes, se ha cerrado una semana después de que los de Carles Puigdemont retirasen en el Congreso la moción de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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