La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado el proyecto de ley, que ha llegado al debate final con enmiendas de Junts, PP, Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns habían presentado enmiendas conjuntas al dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que pidieron Junts y PP.
En concreto, el CGE avaló la constitucionalidad del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada pero cuestionó la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas, recoge Europa Press.
El texto establece medidas en el ámbito de la obra pública, administrativas y en materia de urbanismo y vivienda, y modifica las leyes del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la de mejora urbana, ambiental y social de barrios y vilas, además de los decretos ley de movilización de viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria y de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
La propuesta recoge que en los planteamientos urbanísticos de los municipios con una demanda residencial fuerte y acreditada, el uso predominante de las viviendas sea el de residencia habitual y permanente, y regula el alquiler de temporada vinculado a un plan especial que justifique el interés público y social y la idoneidad de la localización del alojamiento y establece que se regulen las condiciones de acceso y temporalidad.
Además, el proyecto regula el alquiler de habitaciones, con precios limitados, de modo que la suma de las rentas pactadas para cada habitación no sobrepase el precio del alquiler del piso.
También crea el registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda, y se declara a los inspectores agentes de la autoridad y se regulan sus funciones.
El texto, además, concreta la destinación de las fianzas que tenga en depósito el Institut Català del Sòl para incrementar los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida y amplía los ámbitos en que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.
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