Rafael Catalá, ministro de Justicia.
El ministro Rafael Catalá ha defendido este lunes que el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su «potestad disciplinaria» contra Santiago González, el juez que emitió un polémico voto particular en la la sentencia de ‘La Manada’. El titular de Justicia ha dicho estar “sorprendido” de la reacción de las asociaciones judiciales por sus críticas: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe».
En una entrevista en Cadena Cope, el ministro no ha entrado en más detalles sobre cuál es ese problema, aunque ha afirmado que González tiene “algunos expedientes ya abiertos”. “En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente”, ha declarado.
Este magistrado emitió su parecer particular en la sentencia considerando que no hubo ni agresión sexual ni abuso sexual en el caso. Los otros dos jueces sentenciaron que, a falta de «violencia o intimidación», no hubo violación sino abuso sexual.
Catalá ha afirmado que el voto particular de este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra, en el caso de la joven que denunció una violación grupal en los Sanfermines de 2016 contra los cinco condenados de ‘La Manada’, contiene “expresiones y consideraciones impropias de un voto particular”, y cree que éstas han indignado a la sociedad más que la propia sentencia. «La labor del Consejo es ver si está en plenas facultades para ejercer su labor”, afirma.
El ministro se defiende de las críticas de asociaciones de jueces y fiscales que, este fin de semana, le han atacado por no «respetar la separación de poderes» y sugerir qué acciones debería tomar el órgano de gobierno de los jueces.
El ministro niega que se esté legislando en caliente después de que el Gobierno haya pedido que se revise la tipificación los delitos sexuales en el Código Penal. “Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo”, ha asegurado.
“Sobre este caso, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlos. Pero no de forma precipitada ni desde un punto de vista populista. Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones. Pero yo no veo una acción precipitada”, ha defendido.
En la misma entrevista, Catalá ha asegurado que este caso no es una excepción: “En materias de quiebras de empresas, hemos reformado la ley concursal tres veces durante la crisis. Y en la lucha contra la violencia hacia la mujer, me parece aconsejable escuchar a los expertos y, si procede, cambiar el Código Penal”.
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