El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha convocado el próximo lunes a los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales después de que este martes más del 50 por ciento de los miembros de las carreras judicial y fiscal se pusiesen en huelga para reclamar mejoras en sus condiciones labores, independencia judicial y modernización de la Administración.
Según han informado fuentes de las asociaciones a Europa Press, este encuentro se celebrará casi una semana después de que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales convocasen para este martes una jornada de huelga para concluir la serie de paros que han realizado cada jueves desde el 26 de abril al 17 de mayo.
Casi 3.000 jueces (de 5.400) y más de 1.200 fiscales (sobre 2.500) de toda España secundaron la huelga de ayer –la primera que fue convocada conjuntamente por las siete asociaciones — en la que se exigió, entre otras cosas, unas cargas de trabajo saludables; modernización de la Administración de Justicia con más medios personales y materiales; y actualización de las retribuciones. También mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia.
Los fiscales, además, reivindican autonomía presupuestaria, modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.
Por su parte, el titular de Justicia recordó con motivo de esta jornada de paro que buena parte de estas reivindicaciones tienen que ver con reformar legislativas que ya se han planteado en el Congreso de los Diputados, por lo que, a su juicio, «no es tanto una discrepancia de fondo» con el Ministerio, «sino una cuestión de tiempos».
En este sentido, destacó que las asociaciones llevan «desde hace meses» negociando y dialogando con el departamento que dirige y apuntó que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 se solventarán algunas de las cuestiones planteadas de carácter económico, como es la creación de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales.
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