El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado la ampliación de la prisión permanente revisable porque “si el 80% de los ciudadanos considera que debe existir esta pena cómo los grupos parlamentarios van a estar alejados de esta realidad social”. En su opinión, “las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible”, ha afirmado el titular de Justicia prensa tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a ampliar la pena máxima en España, en vigor desde 2015.
Según Catalá, en las encuestas al respecto los “votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos han dicho que apoyan la prisión permanente revisable”. Y este es un aval suficiente para dar este paso.
En la actualidad su aplicación estaba prevista para los siguientes supuestos: asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad física o mental; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de grupo u organización criminal; asesinato múltiple y terrorista; así como para el hmicidio del jefe del Estado o del heredero y a los jefes de Estado extranjeros y para genocidio o crímenes de lesa humanidad.
La pena de prisión permanente revisable se ha ampliado a los siguientes tipos delictivos:
-Asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares.
-Asesinato después de secuestro.
-Violaciones en serie.
-Violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle.
-Muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
Ante las críticas de los partidos de la oposición, como el PSOE, el ministro de Justicia ha recordado que se trata de una pena que “existe en toda Europa”, salvo Portugal y Croacia, sin importar el ‘color’ de su gobierno, y que responder a una “demanda social”.
