En la actualidad, cerca de 87 millones de personas en la Unión Europea viven con algún tipo de discapacidad, según estimaciones comunitarias. De ellas, una proporción significativa son mujeres en edad de trabajar, pero solo el 48,1% tiene empleo, frente al 53,7% de los hombres con discapacidad.
La desigualdad se amplía si se compara con la población sin discapacidad: el 82,2% de las personas sin discapacidad participa en el mercado laboral, mientras que entre quienes tienen discapacidad esa tasa se reduce al 61,6%. Esta diferencia refleja un problema estructural en la accesibilidad laboral, la educación y las condiciones de contratación en Europa.
Una brecha estructural que limita la independencia
Las organizaciones europeas especializadas en inclusión alertan de que muchas mujeres con discapacidad intelectual quedan fuera de la población activa, lo que las obliga a depender de la familia o de prestaciones públicas limitadas. Esa falta de autonomía las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión.
La falta de ajustes razonables en los centros de trabajo, las dificultades para acceder a formación adaptada y la persistencia de estereotipos de género son factores que agravan la brecha laboral entre mujeres y hombres con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad siguen teniendo menos oportunidades de empleo estable y peor remunerado, especialmente en sectores donde predomina el trabajo informal o el cuidado no remunerado.
El 48,1% de las mujeres con discapacidad en la UE tiene empleo, frente al 82,2% de la población sin discapacidad
Violencia, discriminación y esterilización forzosa
Las desigualdades laborales se combinan con una mayor exposición a la violencia. En Europa, las mujeres con discapacidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de sufrir violencia doméstica que las mujeres sin discapacidad. Este riesgo se agrava en contextos institucionales, donde algunas son sometidas a aislamiento o negación de atención médica.
Según el Foro Europeo de la Discapacidad, en 2024 solo nueve países europeos penalizaban la esterilización forzosa, mientras que doce la seguían permitiendo, incluso en menores de edad con discapacidad. Entre estos últimos figuran Chequia, Hungría y Portugal, aunque Malta prohibió la práctica el año pasado, convirtiéndose en referente legislativo en la materia.
Las mujeres con discapacidad enfrentan una triple vulnerabilidad: laboral, económica y de derechos personales
Envejecimiento y riesgo de pobreza
Las desigualdades se agravan con la edad. Entre las personas mayores de 65 años con discapacidad, el 37% de las mujeres necesita ayuda a largo plazo, frente al 23% de los hombres. Esta diferencia refleja no solo las limitaciones físicas, sino también la falta de recursos y apoyos comunitarios para vivir de manera independiente.
Además, el 28,8% de las personas con discapacidad en la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 17,9% de las personas sin discapacidad. Incluso entre quienes trabajan, la pobreza laboral es más frecuente: el 9,7% frente al 8% en la población sin discapacidad.
El riesgo de pobreza entre las mujeres con discapacidad supera el promedio europeo y amenaza su autonomía económica
Tasa de empleo en la UE (20-64 años)
| Grupo poblacional | Tasa de empleo (%) |
|---|---|
| Mujeres con discapacidad | 48,1% |
| Hombres con discapacidad | 53,7% |
| Personas con discapacidad (total) | 61,6% |
| Personas sin discapacidad | 82,2% |
Retos para la próxima década
La Comisión Europea impulsa el Disability Employment Package, centrado en promover la contratación y la permanencia de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, los expertos reclaman una aplicación más efectiva de la Directiva 2000/78/CE, que prohíbe la discriminación en el empleo, y políticas nacionales con enfoque de género y discapacidad de forma integrada.
Sin medidas estructurales y financiación sostenida, la desigualdad laboral de las mujeres con discapacidad seguirá siendo una barrera para la igualdad real en Europa.
