La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento revisará su interpretación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar el uso turístico de viviendas particulares: a partir de los 90 días de alquiler turístico al año los propietarios deberán contar con una licencia municipal específica.
Hasta esos tres meses el consistorio entenderá que se trata de un uso de “economía colaborativa”, según ha explicado hoy la alcaldesa en un desayuno informativo con motivo de la Navidad. Y aunque
“El plan es de 1997, y siempre se reprocha a los planes que se quedan anticuados, pero además no se había utilizado de manera sistemática un elemento que contiene: la comisión de seguimiento del propio plan”, ha aclarado la primera edil.
“Es verdad que la última regulación de toda la actividad relacionada con la vivienda turística le corresponde a la Comunidad de Madrid”, ha admitido Carmena. Pero defiende que la regulación regional “hay que concretarla en el ámbito de la ciudad de Madrid” por lo que la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible de la capital asume esas competencias y propone las dos alternativas mencionadas.
“Seguimos las líneas de otras ciudades europeas de distinguir entre lo que puede ser un uso compatible con lo residencial y lo que es un uso profesionalizado”, ha explicado Carmena, acompañada de la portavoz municipal Rita Maestre.
A diferencia de otras ciudades de la UE, sin embargo, el consistorio no prevé sanciones, ya que confía en que esta norma genere “consenso” y porque el equipo de Ahora Madrid prefiere activarlo y evaluar sobre la marcha su eficacia a la hora de que apartamentos que se ofertan a turistas en plataformas como Airbnb o Homeaway salgan de la “oscuridad”, en palabras de la primera edil.
La reforma del PGOU irá acompañada de un “censo de viviendas de uso turístico” y un plan especial para debatir dónde debe haber más o menos establecimientos hoteleros para que “Madrid tenga un turismo sostenible”.
“Yo he recalcado que tenemos unas cifras muy interesantes de turismo y es un motor económico muy importante para Madrid, pero también sabemos que el turismo tiene que ser sostenible y un equilibrio para que la ciudad pueda seguir siendo un objeto de deseo, y que permita que no sólo disfruten los que vienen a vernos sino que los madrileños también vivamos cómodos en nuestras ciudades”, ha defendido la alcaldesa.
La número uno ha informado de que, a partir de enero de 2018, el consistorio espera otorgar hasta mil licencias como las que hoy ha anunciado la alcaldesa.
Aunque la líder del gobierno municipal confía en que el “consenso” triunfe, la realidad en Madrid es que los precios del alquiler tradicional no paran de inflarse, principalmente en el centro de la capital. Según datos del pasado verano, solo el portal Airbnb cuenta con unas 4.700 ofertas de casas completas, más del triple que las 1.500 que se pueden encontrar para alquilar por periodos largos en Idealista.
Pero los últimos datos del propio Ayuntamiento sugieren una proporción aún peor: un informe de mayo sumaba los apartamentos turísticos de Airbnb a los de otras plataformas como Homeaway, Wimdu o Rentalia. Juntas llegarían a ofrecer hasta 8.120 pisos aunque puede que “una misma vivienda se encuentre en diferentes plataformas de manera simultánea”. El consistorio estimó que el número de alojamientos turísticos disponibles en el centro de la localidad ronda entre los 4.700 y los 8.100.
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