A la delegada de Equidad de la capital, Marta Higueras, le resulta “complicado pensar que la Comunidad de Madrid dijera que no” al recurso de nulidad por la venta de 1.860 viviendas protegidas a Fidere en 2013. Según ha recordado hoy, la enajenación de 18 lotes de viviendas desde la alcaldía de Ana Botella a la filial del fondo buitre norteamericano Blackstone fue “una venta en la que se cometieron las infracciones más graves y manifiestas del ordenamiento jurídico en este tipo de procedimientos”. “Y no lo decimos nosotros sino la Cámara y el Tribunal de Cuentas”, ha recalcado la número dos de Manuela Carmena.
Al consistorio se le agotan las posibilidades de conseguir la nulidad de un proceso plagado de irregularidades según los órganos fiscalizadores, afectados y ex responsables municipales que pasaron por la comisión de investigación del Ayuntamiento. El fondo especializado Urban Glocal Solution llegó a afirmar que ofreció 120 millones por un lote de pisos que, sin “razón objetiva”, el Ayuntamiento adjudicó a Fidere por 60 millones. La venta, entre muchas otras irregularidades, se habría hecho por la mitad de lo que ofrecían otros competidores y sin justificar.
Actualizando el cálculo, los inmuebles que el Fondo Blackstone compró al Ayuntamiento por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones de euros, casi cinco veces más, según el Ayuntamiento. Y la última oportunidad puede ser la que tiene en sus manos la Comunidad de Madrid tras este recurso administrativo de la capital: “Estamos agotando y usando todos los cartuchos para tratar de revertir la venta”, admite Higueras.
Quita importancia al dictamen, conocido ayer, de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que desaconsejaba anular la venta con retroactividad . Este organismo daba por buenas las condiciones de la venta de pisos públicos alegando que anularla podría vulnerar la «libertad de empresa».
“Pero nosotros no cuestionamos si es legal o no vender las viviendas, que ya sabemos que sí es legal; entramos en si la forma de hacer esa venta fue legal o no, y eso es lo que creemos que no”, explica Higueras.
Por tanto, la estrategia del equipo de Carmena pasa por enfrentar a la Comunidad de Madrid a un expediente con todas las condiciones que deberían tumbar la venta concreta de los 1.800 pisos a Fidere, a juicio del Ayuntamiento y también de los afectados. “Se me hace muy cuesta arriba que la Comunidad de Madrid, teniendo estos antecedentes, diga que no hubo nulidad en el proceso”, ha insistido Higueras.
Higueras ha enumerado las infracciones del proceso: la no tasación previa ni fijación del precio de los inmuebles, la falta de informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación, la ausencia de pliegos comprensivos de las condiciones del proceso y de la venta yq que no hubiera mesa de contratación.
No obstante, la edil admite que si la administración regional no admite el expediente acabará con la principal esperanza de recuperar las viviendas. “Sí podemos instar la nulidad por otras causas. Tantas veces como sean necesarias”, asegura no obstante.
El Ayuntamiento abrirá por tanto “un plazo para escuchar a interesados y perjudicados, y en un plazo no superior de seis meses tenemos la obligación de remitirlo a la Comunidad de Madrid para que se pronuncie”, ha explicado Higueras.
Sobre otras posibilidades, la delegada de Equidad recuerda que ya se instó un procedimiento penal que fue archivado en dos ocasiones en los tribunales. Sí permanece vivo un procedimiento en la justicia europea elevado desde la EMVS, y del que se espera el fallo.
“Esta es la actuación realmente importante, porque supondría que el negocio jurídico no ha existido”, confía Higueras.Este procedimiento ya fue aprobado por Ahora Madrid y PSOE en el pleno municipal antes de verano, pero es ahora cuando el consistorio inicia un procedimiento que, además de ser prácticamente el último recurso es “un procedimiento largo”.
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