Varias personas durante una manifestación contra el modelo turístico y de desarrollo de las Canarias (Foto: Estefanía Briganty - Europa Press)
Después de llenar las calles en anteriores convocatorias —como las del 20 de abril y el 20 de octubre de 2024— los colectivos organizados contra el turismo de masas anuncian una escalada en sus formas de lucha. Bajo el lema «Si no nos escuchan en las calles, nos escucharán en el día a día», la plataforma Canarias tiene un límite avisa que no se conformará con la movilización simbólica y que pasará a intervenir directamente en espacios donde se reproduce el actual modelo económico.
“Boicotearemos actos públicos, interpelaremos a responsables políticos en sus eventos y ocuparemos espacios turísticos simbólicos”, afirman en su comunicado
La plataforma critica con dureza a las instituciones públicas, acusándolas de despreciar «la voluntad popular» y de continuar con políticas que profundizan la desprotección del territorio. Entre sus principales denuncias figuran la modificación de la Ley del Suelo, el uso político de una hipotética ley de residencia y la ausencia de respuestas reales frente al deterioro ambiental, económico y social que, según los convocantes, vive Canarias.
“Las islas no pueden seguir siendo un decorado de postal para el disfrute de unos pocos”, sostienen
Las manifestaciones del próximo 18 de mayo se celebrarán en varias islas y también fuera del archipiélago. La movilización no solo busca reunir a la ciudadanía en las calles, sino dar el pistoletazo de salida a lo que describen como una “etapa de lucha más firme, más directa y más incómoda”. Un ciclo de acción que, aseguran, será imposible de ignorar.
Los colectivos acusan a las instituciones de “inacción y desprecio” mientras el modelo turístico “profundiza el colapso social, económico y medioambiental de Canarias”
Las críticas se centran en el modelo basado en la turistificación, la especulación inmobiliaria y la creciente desigualdad social. Según la plataforma, el turismo descontrolado ha traído consigo precariedad laboral, encarecimiento de la vivienda, sobrecarga de recursos naturales y desplazamiento de la población local, sin que las administraciones hayan tomado medidas reales para frenar la deriva.
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