El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado claro este miércoles que la reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha «estancado» y ha asegurado que el «desfase» que supone este tipo con respecto a otros países europeos se solucionará finalmente en 2021.
En una entrevista en Rac1, recogida por Europa Press, el titular de Justicia ha insistido en que el anteproyecto se aprobará el próximo año una vez estén preparados los informes preceptivos. «Dirán que soy pesado, pero me muevo en principios muy básicos: los tiempos razonables», ha añadido.
Así, Campo ha reconocido que esta reforma es prioritaria para el Ejecutivo, más aún cuando se estudia a los países de la órbita española, que se encuentran en una situación «muy diferente». «Uno se da cuenta del desfase que tenemos», ha aseverado, dejando claro que el Ejecutivo cumplirá su compromiso.
«No es tan simple como decir donde pone 8, 10, 12 ponemos 6 o 4. No, es más complejo porque el código penal tiene un orden interno que no podemos romper, estamos hablando de bienes jurídicos. Tenemos que ver la concurrencia de otros delitos para no provocar mayor desajuste. Con ese sosiego y esa discreción que se tienen que hacer las cosas cuando se hacen en cocina», ha continuado.
Por eso, ha criticado que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, le recriminase no haber acometido todavía esta reforma. «Entiendo muy bien a Asens, hay veces que discrepo con él, y el porqué de esas urgencias mediáticas… el sabrá porque lo hace», ha apuntado.
Preguntado sobre si la reforma de la rebelión y la sedición afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Campo ha explicado que ésta «valdría para todos los casos presentes o futuros». Incluso, si tuviese «retroactividad», los casos a los que afectaría tendrían que ser revisados «por el tribunal sentenciador».
En cualquier caso, el titular de Justicia cree que no se debe «poner acento en lo que le pase a tal jugado de la justicia o no, sino establecer un sistema de respuesta jurídico penal que describa unos hechos graves censurables y que establezca una sanción proporcionada».
