Campo dice que si el coronavirus fuera un test de estrés, el Estado de Derecho habría aprobado con buena nota

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este martes en el Pleno del Senado que el Gobierno ha optado durante el estado de alarma por las medidas más garantistas con los derechos fundamentales y las libertades públicas a pesar de la pandemia de Covid-19, y ha apuntado que si el coronavirus «fuera un test de estrés para el Estado de Derecho» en España, se habría aprobado «con buena nota».

En su respuesta a la interpelación de la secretaria general del Grupo Popular en la Cámara Alta, Salomé Pradas, en la que le preguntaba si estaba garantizado el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas durante el estado de alarma y en las diferentes fases de la desescalada, Campo ha aseverado que la respuesta del Ejecutivo para hacer frente a la crisis sanitaria «esta siendo contundente y garantista».

Pero desde el PP consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado el estado de alarma para crear una «crisis de derechos fundamentales» y han echado en cara que se haya utilizado para «colocar a Iglesias –vicepresidente segundo del Gobierno– en la Comisión Delegada del CNI de manera inconstitucional».

Pradas, que ha recordado que su partido ha apoyado hasta ahora el estado de alarma, ha incidido en que lo han hecho para superar la crisis sanitaria. Además, le ha añadido a Campo que durante la alarma no cabe suspensión de derechos fundamentales y no se puede interrumpir el normal funcionamiento de los poderes del Estado.

«Ustedes a través del Congreso y del Senado han amordazado a los representantes de millones de españoles. Nos han amordazado señor ministro. No hemos podido ejercer la función de control al Gobierno durante semanas, se nos ha amordazado», ha llegado a afirmar durante su intervención.

Al hilo, Pradas ha indicado que Sánchez «ha ninguneado» al Senado al no comparecer en la Comisión de las Comunidades Autónomas, «la más relevante de esta cámara territorial», y ha acusado al Ejecutivo de coartar el control parlamentario dado que de las 1.389 iniciativas presentadas por su partido relacionadas con el coronavirus, solo han podido debatir el uno por ciento. «Sin debate, sin transparencia, no hay democracia», ha espetado.

Campo, que ha apuntado al inicio de su réplica que la veía «desinformada», le ha asegurado que todas las medidas adoptadas durante el estado de alarma han sido «escrupulosamente respetuosas con los derechos fundamentales» y ha reiterado que desde el minuto uno el Gobierno ha actuado con un solo fin, «proteger la salud de las personas».

«EL TODO O LA NADA»

Por eso, ha añadido Campo, han usado lo que establece la Constitución –en referencia al estado de alarma– y que comprende la restricción «que no suspensión» de determinados derechos como el de libre circulación. «Claro que hay que restringir, cuando no hay vacunas la única posibilidad es el confinamiento, y todas las limitaciones a las que se refiere torticeramente han sido para salvaguardar la salud de las personas», ha argumentado.

Tras esto, se ha dirigido a Pradas para señalarle que deben apoyar la prórroga del estado de alarma este miércoles en el Congreso de los Diputados porque «es la única opción para que los derechos se vean sólo mínimamente perturbados». «Piensen en el caos, es el todo o la nada», ha llegado a afirmar.

Pero Pradas durante su turno ha señalado que la «mordaza» no solo ha llegado al Parlamento sino también a los profesionales de la información, y ha recordado a Campo que existen trabas para el ejercicio de la libertad de prensa en un momento en el que los españoles necesitan información veraz sin vetos.

LOS BULOS Y LOS INDULTOS

Al hilo, ha recordado la firma de 400 periodistas para reclamar que se pudiera preguntar vía telemática en persona sin el filtro de la Secretaría de Comunicación, y ha acusado al Gobierno de monitorizar las redes sociales y en concreto la aplicación de ‘Whatsapp’. «Eso sólo ocurre en países totalitarios, y esto pasa en España», ha afirmado, para luego incidir en que «la crítica no son bulos».

Por otro lado, Pradas también ha apuntado que el Ejecutivo de Sánchez ha atacado a la libertad religiosa al no permitir velatorios o funerales, ha suspendido el derecho a la libertad de empresa y ha paralizado todos los procedimientos administrativos y judiciales salvo la tramitación de los indultos. «¿En quién pensaba? ¿Esto es respetar la igualdad de los españoles?», ha añadido Pradas.

Al respecto, Campo le ha señalado que puede estar tranquila «ya que ninguno de los indultos que tiene en mente ha empezado a tramitarse», en referencia a la posibilidad de que los líderes del ‘procés’ independentista catalán lo hubieran solicitado.

Pradas le ha echado en cara que se haya aprobado un Real decreto-ley para la agilización de la Justicia sin contar con el consenso de los operadores jurídicos, por los abogados y procuradores. Al respecto, el ministro ha asegurado que han mantenido una comunicación constante con los diferentes actores, y que el hecho de habilitar del 11 de agosto al 31 de agosto, a pesar de no contar con el beneplácito de los abogados, se ha hecho «para que el servicio publico Justicia esté a la altura» de lo que reclaman los ciudadanos.

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