La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sale del Refectorio Mayor del Monasterio de Yuso tras la XXI Conferencia de Presidentes en San Millán de la Cogolla, La Rioja (España)
En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha destacado que la declaración de Juan Carlos I, por la que habría abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, es el «ejemplo de un país que funciona y exige cuentas a todo el mundo». «Y tiene que exigir por igual, porque nuestro país es una democracia con un Estado de derecho riguroso en que nadie se puede saltar la ley», ha añadido.
En esta línea, la vicepresidenta ha reconocido que la información adelantada por ‘El País’ y ‘El Español’ no es una buena noticia «en el sentido de la propia ética de cada quien». Con todo, Calvo ha dejado claro que el Ejecutivo no puede pronunciarse sobre las obligaciones fiscales de los ciudadanos, incluso si eso incluye al que fuera el jefe del Estado.
«Respeto a las obligaciones debidas de cada uno», ha insistido Calvo, que ha explicado que la única alusión a la regularización es el «comentario político al que tiene derecho cualquiera» en España, y que es «libérrimo a título de cada quien». «Y naturalmente es conversación pública de partidos», ha añadido.
Calvo se ha referido así a la declaración voluntaria presentada por el emérito ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.
Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y añadido que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.
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