La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha planteado este jueves en el Congreso la necesidad de adoptar un plan de inversiones y reformas durante los próximos dos años en torno a seis pactos de reconstrucción para afrontar la recuperación tras la crisis por la pandemia del virus Covid-19.
Así, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso para abordar la reconstrucción económica y social, ha enumerado estos seis pactos que requerirán “del concurso de toda la sociedad”.
En primer lugar, un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde, “que tendrá como palancas la Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética”, así como la Estrategia de Economía Circular, el Plan de choque de Movilidad Sostenible o el Plan de Rehabilitación de Viviendas y Eficiencia Energética, entre otras.
Un pacto por el emprendimiento y la transformación digital, que se apoyará en el Plan de Conectividad Digital, la Estrategia de Despliegue del 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Digitalización de las pymes, la Ley de Startups, el Plan de digitalización de la administración y un número reducido de proyectos tractores para la digitalización del tejido productivo en los sectores agroalimentario, de la sanidad, del transporte y del turismo.
En tercer lugar, un pacto por el empleo y por la Formación Profesional, que apueste también por la FP dual, por la capacitación digital de la población, y nos oriente hacia un “nuevo estatuto de los trabajadores”.
En cuarto lugar, un pacto por la ciencia que lleve a un incremento de la inversión pública y privada en la I+D+i para llegar “al menos al 2% del PIB”.
En quinto, un pacto por los servicios públicos, “cuyo refuerzo se ha demostrado imprescindible durante esta crisis”, incluyendo la digitalización y refuerzo del sector sanitario o de la justicia, o “la reforma del sistema de redistribución social con la vista puesta en erradicar la pobreza severa”, medida en la que ha enmarcado el ingreso mínimo vital que se aprobará mañana.
Finalmente, un pacto por el campo para transformar el sistema agroalimentario “de modo que sirva al impulso de la economía rural”. “También hemos de abordar una estrategia sólida de reto demográfico para frenar la despoblación”, ha señalado.
Calviño ha subrayado que estas reformas requerirán «un importante volumen de inversión pública y privada» y espera para ello encuadrarlas dentro del plan de recuperación que preparan las instituciones comunitarias, incluida la última propuesta de la Comisión Europea para impulsar un fondo de 750.000 millones de euros.
La vicepresidenta tercera ha asegurado que valora positivamente esta propuesta «alineada con lo planteado por España» por la cuantía, «muy relevante», de los fondos, que por primera vez se financie con deuda comunitaria y haya transferencias directas, y que espera que facilite un «apoyo importante a los planes de recuperación, inversión y reformas» que plantea el Gobierno.
En todo caso, ha concedido que aún «queda mucho por hacer» ante las «resistencias formidables» que, ha dicho, se enfrenta ahora la propuesta de la Comisión, pero ha defendido su puesta en marcha para atender las inversiones futuras y a las ya atendidas ante el «importante impacto fiscal» que ha provocado la respuesta a la crisis.
Así, ha explicado que las medidas de respuesta concentran el 45% de los 100.000 millones de euros de emisiones adicionales planteadas por el Tesoro –el otro 55% responde a la caída de los ingresos tributarios y al aumento del gasto por desempleo– y que el ratio de la deuda se elevará en torno al 115% del PIB.
Calviño ha defendido como «imprescindibles» y «no sujetas a ningún tipo de discusión» las medidas de respuesta, pese al aumento de gasto, pero ha asegurado que una ver se recupere la senda crecimiento, «será necesario recuperar la senda de consolidación fiscal».
Para ello, ha apostado por mejorar los ingresos luchando contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como avanzar hacia «un marco impositivo progresivo» y nuevos impuestos, como los de servicios digitales y transacciones financieras, mejorar la eficiencia del gasto público y adoptar las conclusiones de las diferentes evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
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