Así ha respondido Calviño al ser preguntada por las recomendaciones de la CEOE de que los salarios a pactar en los convenios colectivos no suban más de un 3,6%, que es la misma cantidad en la que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022.
«A mí me parece que es importante que los salarios se adapten a la situación específica de cada sector y empresa», ha defendido Calviño, que ha añadido que, aunque por el momento los agentes sociales no hayan podido alcanzar un acuerdo salarial, el Gobierno «seguirá trabajando» en favor de un marco que permita mejorar las condiciones salariales y evitar una espiral inflacionista, «que de momento no se ve».
La vicepresidenta ha descartado un escenario de estanflación (crecimiento bajo con elevada inflación), pues todos los organismos internacionales prevén que España sea uno de los países europeos con un mayor crecimiento económico este año (4,3%, según las previsiones del propio Gobierno) y que la inflación se desacelere en la segunda mitad del ejercicio, para volver en 2023 al entorno del 2%.
Calviño ha subrayado que la principal causa que está llevando el IPC a tasas elevadas son los precios de la energía, sobre los que la guerra está teniendo un impacto «muy importante», no sólo a nivel europeo, sino global.
ESPAÑA TIENE GARANTIZADO EL SUMINISTRO DE GAS
En todo caso, y preguntada por las advertencias del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de problemas en el suministro de gas para el próximo invierno, Calviño ha asegurado que, en lo que respecta a España, «hay una garantía de suministro».
«Hay unos contratos a largo plazo y la preocupación principal es lo que tiene que ver con la evolución del precio de la energía, que se ve muy afectado por cualquier tipo de corte de suministro, aumento de la demanda o corte de la oferta a nivel internacional. Pero los ciudadanos tienen que saber que hemos tomado y seguiremos tomando todas las medidas a nuestro alcance para minimizar el impacto negativo (de la guerra) tanto en términos de crecimiento y creación de empleo como en términos de precios», ha aseverado.
Precisamente, preguntada por si se prorrogarán más allá del 30 de junio las medidas adoptadas en el marco del plan de respuesta a la guerra, entre ellas la bonificación de 20 céntimos al combustible, Calviño ha reiterado que habrá que evaluar si han funcionado, cuáles no lo han hecho y si es necesario ajustarlas.
«Todos los contribuyentes españoles estamos pagando ese descuento en los precios de la gasolina y el diésel y tenemos que asegurarnos de que es eficaz. Pero habrá que analizar todas las medidas para ver cuáles pueden ser prorrogadas y cuáles ya no tienen sentido o si hay que ajustarlas», ha indicado.
Preguntada por si el tope al precio del gas que aprobará mañana el Consejo de Ministros afectará sólo a la tarifa regulada, Calviño ha explicado que afectará a todo el mercado mayorista, de forma que se desacoplará todo el mercado eléctrico de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.
«En la medida en que baja el precio de la electricidad para todas las comercializadoras, permite ofrecer precios más bajos a quien tiene la tarifa libre y, por supuesto, la regulada. Nuestro objetivo es que bajen los precios en el conjunto del mercado o que no suban en aquellos ámbitos en los que ya hay unos precios muy bajos por contratos a largo plazo», ha precisado.
Calviño ha asegurado que es el momento de que «todos», incluyendo las empresas energéticas, petroleras, gasistas y eléctricas, «rememos en la misma dirección para ayudar a bajar el precio de la energía», porque eso, ha insistido, «es bueno para los ciudadanos y las empresas y para la inflación».