Nadia Calviño, ministra de Economía. (Foto: Pool Moncloa/César P Sendra)
De este modo, el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar «las mejoras más adecuadas» con el fin de conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa al crédito ni a los ciudadanos, según ha puesto de manifiesto Calviño tras la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las principales entidades financieras españolas y el gobernador y la subgobernadora del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado.
La vicepresidenta ha asegurado al sector que este impuesto es «la decisión correcta» para repartir «los esfuerzos» que suponen el impacto de la guerra y de la elevada inflación.
El impuesto a la banca tendrá carácter extraordinario y temporal, y tiene como objetivo recaudar 1.500 millones de euros al año. En un principio, la tasa estaría en vigor durante dos años.
Calviño también ha señalado que la banca tendrá un papel «más activo» en la canalización de los fondos europeos en la segunda mitad del año, y ha anunciado para el mes de septiembre un plan de inclusión financiera en el ámbito rural para identificar las necesidades de los municipios de 500 habitantes, así como los de aquellos de más de 500 habitantes.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado que «no es el momento» para aprobar un nuevo impuesto a la banca y que «no es una medida» que resuelva el problema de la inflación, «sino todo lo contrario, no ayuda a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo».
«Conocen nuestra opinión: no es el momento», ha asegurado además de reiterar que la imposición de este tributo puede ser «contraproducente». «No ayuda a los bancos a financiarse y ni a seguir apoyando a la economía con crédito», ha agregado.
Asimismo, ha manifestado que el Gobierno no ha trasladado más detalles sobre la medida. En este sentido, Calviño ha anunciado que el tributo tendrá tramitación parlamentaria y que se realizará a través de una proposición de ley que se daría a conocer la semana que viene, antes de que finalice el mes de julio.
Por su parte, el director general de CECA, José María Méndez, también ha coincidido con Kindelán en considerar que este nuevo gravamen «no es un instrumento adecuado» para luchar contra «el principal problema de la economía española», que es la inflación.
Ha recordado que la banca ya tiene un impuesto sobre los depósitos, un tipo de Sociedades más elevado que otros sectores y que carga con el Impuesto Jurídico de Actos Documentados (IJAD), «que en el resto de Europa es para el prestatario y aquí, para el prestamista». Igualmente, la banca soporta el impuesto de transmisiones financieras.
Así, ha afirmado que se trata de figuras impositivas que «separan del contexto europeo», donde la banca española compite por captar depósitos o accionistas. «Hay que buscar armonizaciones tributarias en toda la Unión Europea», ha agregado.
En su intervención, Kindelán ha recordado también la «buena colaboración» que existe entre el sector bancario y el Ministerio de Asuntos Económicos desde la puesta en marcha de los créditos ICO al inicio de la pandemia.
Igualmente, ha recordado la colaboración público-privada en el área de la inclusión financiera, donde ha indicado la aprobación esta semana entre las patronales bancarias y Correos para cubrir los municipios sin servicios financieros y «dar una solución» a la exclusión bancaria.
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