Calviño niega que se pueda hablar de «retraso» en la aprobación de los Presupuestos, que desea «cuanto antes»

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
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La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que la intención del Gobierno es aprobar «cuanto antes» los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha negado que el hecho de que el objetivo expresado por Sánchez de que esto ocurra antes de que finalice el verano suponga «retraso ninguno». «Nuestra intención y objetivo es que se aprueben cuanto antes. Retraso ninguno, estamos poniendo en marcha a buen ritmo el proceso de preparación de estos Presupuestos», ha subrayado en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Calviño se ha expresado en términos muy similares a los que casi al mismo tiempo utilizaba la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, ha apuntado que el Gobierno pretende contar con un «contexto realista» y una senda fiscal «realista» que permita avanzar «lo más rápidamente posible en la reducción del déficit y la deuda pública sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo».

«Estamos trabajando conjuntamente el Gobierno de España y la Comisión para ver cuál sería el mejor encaje desde el punto de vista presupuestario para lograr el objetivo que he señalado (…) Ese es el marco en el que veremos cómo encajar las cifras concretas con las que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado», ha insistido.

La vicepresidenta económica ha reiterado que está explorando con el Ejecutivo comunitario los distintos elementos de flexibilidad recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque no ha querido detallar si el objetivo del Gobierno es, por ejemplo, utilizar la flexibilidad que permite a los Estados miembros desviarse en dos años medio punto porcentual del objetivo de esfuerzo estructural fijado por la UE.

España, según la senda vigente, debe acometer en 2020 ajustes equivalentes al 0,65% del PIB, lo que supone un esfuerzo estructural de 7.800 millones de euros a través de reducir el gasto o aumentar los ingresos.