La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mantenido que el pacto de estabilidad europeo sobre déficit y deuda pública «no se corresponde con la realidad económica de España», si bien sí sirve para otros países más estables, en sus palabras.
En una entrevista este domingo en La Vanguardia recogida por Europa Press, ha afirmado que el Gobierno aspira a «reducir el déficit público y la deuda lo más rápidamente posible sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo», al tiempo que preparan los Presupuestos Generales del Estado y proyectos para introducir nuevos tributos, como el impuesto digital o sobre transacciones financieras.
«No se trata de una negociación, sino de un diálogo constante», ha dicho, en relación con los contactos que el Ejecutivo mantiene con las autoridades europeas sobre cómo cumplir con las normas del pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea.
Preguntada por si 2019 ha sido un año perdido para el déficit, Calviño ha lamentado que no se pudiera reducir más, pese a que se marcaron un objetivo, el 2%, que ha calificado de ambicioso: «Lo que está claro es que desde el Estado se ha hecho una gestión presupuestaria tremendamente responsable».
GOBIERNO DE COALICIÓN
Calviño ha defendido que tanto el PSOE y UP coinciden en la línea de actuación económica, aunque «es prácticamente imposible que en el conjunto de un gobierno las palabras sean idénticas» porque cada persona se expresa de una forma distinta.
«Desde el punto de vista del marcado laboral hay algunas medidas que son urgentes, que cuentan con amplio apoyo social y que tienen que ser abordadas lo antes posible», como los despidos por bajas médicas, a su juicio.
Asegurar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y presentar los PGE lo antes posible son otros de los compromisos del Gobierno, ha dicho Calviño, que ha confiado en que los partidos políticos «sepan ver la prioridad que tienen estos presupuestos para todos los españoles, incluyendo los catalanes».
PENSIONES Y SMI
Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha defendido «mirar al futuro con el objetivo de que todos los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida y tengan los mismos derechos garantizando el mercado interior», preguntada qué le parecería aplicar un SMI más bajo a Extremadura por las características de su sector agrario.
«Lo que vemos en la Encuesta de Población Activa (EPA) y, en general, de todos los datos del mercado laboral, es que el sector primario está registrando una evolución negativa desde hace tiempo», y ha apostado por abordar reformas estructurales en ese sector.
Ha reiterado la voluntad del Gobierno de mantener las pensiones actualizadas según el Índice de Precios de Consumo (IPC): «Nuestro compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo está claro».
Además, ha defendido la subida impuestos por valor de 5.700 millones –lo que ya fue aprobado por la UE el año pasado, ha recordado– puesto que después de la borrasca ‘Gloria’ «ya nadie duda de la importancia de adoptar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático» para que España cumpla con los objetivos internacionales y crezca de forma sostenible.
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