«El ministro Escrivá me ha dado hoy una buena noticia. Estamos por debajo de los 400.000 trabajadores en ERTE (…) Es una buenísima noticia», ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.
Calviño ha insistido en que la reincorporación al mercado laboral de trabajadores en ERTE y la creación de empleo es una prioridad del Gobierno en este momento y que no se deben, por tanto, tomar decisiones que puedan dificultar este camino, en relación a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
La vicepresidenta ha reiterado el compromiso del Gobierno con el alza del SMI para llevarlo hasta el 60% del salario medio en esta legislatura, pero ahora mismo, ha dicho, la prioridad es sacar a los trabajadores de ERTE, crear empleo e impulsar la recuperación.
«En la segunda parte del año veremos cómo evoluciona el mercado laboral y si podemos retomar esa senda de subida del SMI», ha apuntado Calviño, que ha añadido que «todo el Gobierno es perfectamente consciente de que la prioridad es reincorporar trabajadores y crear empleo y que en eso cree «que no existen discrepancias».
Sobre la reforma laboral, la vicepresidenta ha subrayado que tiene que estar aprobada de aquí a final de año, pero no porque exista una condicionalidad respecto a la recepción de los fondos europeos, sino porque se necesitan unas «reglas claras» para crear empleo de calidad y acabar con una serie de problemas que otras reformas laborales «parciales» no han logrado resolver.
«Vamos a poner todo el interés en concentrar nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo antes de final de año», ha señalado la vicepresidenta, que ha añadido que de lo que se trata no es de derogar la reforma laboral de 2012, sino de pensar qué legislación laboral quiere España para el futuro.
«Mirar al pasado no es productivo», ha dicho Calviño, que ha citado entre los problemas del mercado laboral español su «enorme dualidad», la precariedad juvenil, su «intensa» rotación laboral, la temporalidad y una tasa de paro estructural «muy elevada». «Este diagnóstico es compartido con los agentes sociales y las recomendaciones (de Bruselas) nos la llevan haciendo años», ha apuntado.