Durante su participación en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Calviño respondía así al ser preguntada por el impacto fiscal que podría tener el pacto al que ha llegado el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña, en su caso el 20% del total, y que se extrapolará al resto de comunidades autónomas, aunque caso por caso.
La vicepresidenta primera en funciones ha precisado que, al tratarse de una transferencia entre administraciones, aunque tiene un impacto contable, “no afecta a la posición del Reino de España en los mercados financieros”.
Calviño ha subrayado que las comunidades autónomas “vienen arrastrando un enorme volumen de deuda pública” desde la crisis financiera, lo que está “dificultando” su acceso a los mercados. “Por tanto, este tipo de acciones, a lo que lo que se orientan es justamente a que vuelvan cuanto antes a la disciplina de los mercados financieros”, ha explicado.
La ministra de Asuntos Económicos ha garantizado “la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas”, por lo que esta decisión de condonar deuda también será “extensible” a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, según Europa Press.
“Lo señalo porque me ha sorprendido la reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas que, precisamente, arrastran un enorme volumen de deuda pública desde hace décadas, que viene lastrando y dificultando su vuelta a la disciplina de los mercados financieros”, ha añadido.
Deuda de la Sareb
Calviño ha afirmado que si no se hubiera tenido que absorber los 35.000 millones de euros de deuda de la Sareb, “que eso sí incrementó en Contabilidad Nacional la deuda total de España”, ha dicho, la economía española habría cerrado ya el año pasado con una deuda inferior al 110% del PIB y hoy estaría “muy cerca” del 105% del PIB.
“Esa (deuda de la Sareb) sí que fue una operación que supuso un incremento contable neto de la deuda atribuible al Reino de España, a diferencia de lo que estamos hablando en este momento, que es una transferencia entre administraciones que no impacta a la posición del Reino de España en los mercados financieros”, ha remarcado.
