CaixaBank afronta su junta de accionistas marcada por el conflicto laboral

La protesta no surge de forma aislada. Es el último episodio de un calendario de movilizaciones que se ha intensificado en las últimas semanas, tras paros parciales con un seguimiento significativo y, según los representantes de los trabajadores, sin una respuesta concreta por parte de la entidad. La convocatoria, respaldada por la práctica totalidad de la representación sindical, aspira a amplificar el conflicto en un momento especialmente sensible para el banco: el escaparate ante sus accionistas.

El Consejo de Administración propondrá a la junta la reelección como consejero de Tomás Muniesa, con carácter dominical a propuesta de la Fundación ‘la Caixa’, por un periodo de cuatro años.

Además, planteará el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que presentó su renuncia al cargo cumplirse 12 años desde su nombramiento inicial el próximo mes de abril.

Por otra parte, trasladará a la junta la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente por cuatro años.

Objetivos “desproporcionados” y deterioro del clima laboral

En el centro de la disputa se encuentra el modelo comercial de la entidad. Los sindicatos denuncian una presión creciente sobre la plantilla, con objetivos que califican de “desproporcionados” y un deterioro progresivo del clima laboral. A ello suman la ausencia de avances en la negociación y la falta de medidas “concretas y verificables” por parte de la dirección.

Estas quejas se producen en un contexto de resultados sólidos para el banco, que los representantes de los trabajadores atribuyen, en buena medida, al esfuerzo de la plantilla. De ahí que, junto a la revisión del modelo comercial, reclamen mejoras que reconozcan ese desempeño y permitan avanzar hacia un entorno de trabajo más sostenible.

Denuncia ante el Banco de España

En los últimos días, el conflicto ha escalado también al terreno institucional. UGT ha denunciado el modelo de presión comercial ante el Banco de España, que ha decidido elevar el caso al Banco Central Europeo, en un movimiento que introduce al supervisor europeo en el debate y añade una nueva dimensión al conflicto. La cuestión deja de ser, así, exclusivamente laboral para situarse en el terreno de la gobernanza bancaria y las prácticas comerciales del sector.

La coincidencia de la huelga con la junta no es casual. Los sindicatos buscan situar el foco en la contradicción entre la imagen de fortaleza financiera de la entidad y el malestar que, aseguran, se vive en su red comercial. La estrategia pasa por trasladar ese mensaje directamente a accionistas e inversores, en un foro tradicionalmente reservado para balances, previsiones y decisiones estratégicas.

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