Bustinduy y Rego abogan por la ayuda universal por hijo: «No podemos normalizar que 1 de cada 3 niños vivan en pobreza»

«No podemos normalizar que uno de cada tres niños vivan en situación de pobreza», ha manifestado Bustinduy este jueves, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. En el acto también ha participado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El plan presentado este jueves constituye la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años con el objetivo de «erradicar la pobreza en España», tal y como ha explicado el ministro de Derechos Sociales.

Según ha precisado Bustinduy, la pobreza es «el principal problema político y social que tiene este país» y ha lamentado que los índices de riesgo de pobreza y exclusión social son «inasumibles e inaceptables».

En 2023, este indicador se situaba cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%), y atendiendo a la tasa de pobreza infantil, el porcentaje se incrementa hasta el 34,5%, casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).

En este contexto, el ministro ha defendido que España adopte una Prestación Universal por Crianza, una propuesta de Bustinduy que se está negociando en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además de la Prestación Universal por Crianza, Bustinduy ha destacado también la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda.

Por su parte, Sira Rego ha coincidido con el ministro en que «no se pueden seguir normalizando imágenes» como la de «una niña que llega a clase sin desayunar, una familia que enciende el horno porque no puede calentarse o que tiene que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler».

Ante esta situación y en un «momento político difícil marcado por la polarización y el cortoplacismo», la ministra ha abogado por «medidas ambiciosas y transformadoras».

54 LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONTRA LA POBREZA

La estrategia presenta 54 líneas de actuación generales que posteriormente serán concretadas través de un plan operativo de ejecución y seguimiento. Este plan será elaborado cada año por el Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de los ministerios implicados e incluirá las medidas concretas a ejecutar (junto a su dotación presupuestaria).

Todo ello, según ha explicado la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, estará estructurado a partir de cuatro retos estratégicos.

El primero de ellos, tal y como ha detallado, es garantizar recursos para la ciudadanía, mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y prestaciones sociales, y que favorezcan el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudando a personas vulnerables a pagar el alquiler, previniendo los desahucios, ampliando herramientas contra la pobreza energética y abordando medidas para erradicar el sinhogarismo.

Además, contempla una revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.

El segundo reto es la «inversión social en las personas» para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades. En materia de educación, se fija como meta crear nuevas plazas en educación infantil y asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias con el objetivo de prevenir y reducir el abandono escolar; y en el plano laboral, fomentar la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y medidas contra la discriminación laboral.

El tercer punto es el refuerzo del estado de bienestar y la protección social, para lo cual se prevé construir una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres. Para ello, se plantea impulsar acciones en favor de las familias vulnerables, con apoyo especial a aquellas en las que haya personas con discapacidad; promover el acceso a comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana y a los sistemas de dependencia, y el acceso al Sistema Nacional de Salud y a la atención de la salud mental.

Además, la estrategia contempla el desarrollo de alianzas y trabajo en red, a través de la mejora de la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura; el impulso de la cooperación territorial a todos los niveles y el fomento de la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.

En la presentación de esta estrategia ha participado también la directora general de la asociación Provivienda, Gema Gallardo, quien ha alertado de que «5,5 millones de hogares en España está en situación de exclusión residencial» y el director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Ricardo Ibarra, que ha advertido de que 870.000 niños y niñas en España se encuentran en carencia material severa y ha pedido que la prestación universal por crianza «sea una realidad en el corto plazo».

Por su parte, el presidente de EAPN España y EAPN Europa (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Carlos Susías, quien ha apuntado que les hubiese gustado que la estrategia «fuese más ambiciosa» aunque supone «un paso de gigante» y ha denunciado la situación de los menores migrantes solos «aparcados en Canarias» y la «desvergüenza de las comunidades autónomas que no quieren asumir sus responsabilidades».

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