Bustinduy durante su intervención | Foto del Ministerio de Derechos Sociales
“Si el sistema de la dependencia tiene hoy en día las carencias que tiene es porque se le secó la financiación durante los años de la crisis financiera y de los recortes”, aseguró, al tiempo que recordó que en 2021 el Gobierno de coalición puso en marcha un plan de choque que aumentó la financiación en un 150% en todo el país y que en 2020 el Ejecutivo aportaba 273 millones a la dependencia mientras en 2023 fueron 730, lo que se tradujo en una reducción del 66% de la lista de espera.
Tras puntualizar que “no es un milagro ni una coincidencia”, abogó por “seguir trabajando”, consciente de que “hace falta más financiación y reafirmar este compromiso político para que no pueda volver la derecha y volver a recortarlo”. “Esto tiene que ser objeto de un acuerdo de país, porque nos va el país en ello”, abundó, consciente de que la estructura demográfica de España “está cambiando” y “cada vez hay más personas que necesitan cuidados durante más tiempo”, razón por la cual, a su juicio, “tenemos que cambiar este modelo”.
Defiende que las tarjetas monedero son “una buena iniciativa” y se abre a “colaborar” para “solucionar las dificultades” del nuevo sistema
“Esto es una prioridad que debe ser para el país, es una prioridad democrática”, añadió, para reconocer que su “obsesión y objetivo” es lograr que ese acuerdo “trascienda a las identidades y a las posiciones políticas”, si bien el nuevo modelo de cuidados necesita ser “redefinido”, puesto que, si “durante mucho tiempo se pensó que invertir en dependencia era construir más residencias y residencias más grandes”, la pandemia evidenció que “el futuro es que la gente pueda permanecer en sus domicilios mientras lo deseen, todo el tiempo que lo deseen”.
Para el titular de Derechos Sociales, el sistema “debe responder a sus deseos, a sus preferencias, a sus necesidades”, pero también “hay que cuidar el arraigo, hay que trabajar la atención a domicilio y la teleasistencia” al tiempo que se “aborda” una mejora de las condiciones laborales en este sector, generando “incentivos” y “dignificando y visibilizando y valorizando el trabajo” de unas personas, en su mayoría mujeres, cuya labor juzgó “esencial para nuestra sociedad”.
En otro orden de cosas, preguntado por el programa de tarjetas monedero, reiteró que va a beneficiar a unas 70.000 familias y defendió que se trata de una “buena iniciativa”, convencido de que, en el marco de un cambio de modelo, “es normal que surjan algunas dificultades”. “Y lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente para resolverlas”, agregó, para puntualizar que, “si hay dificultades”, su gabinete “colaborará para solucionarlas”, convencido de que “no debe ser un motivo de confrontación política”.
En paralelo, Bustinduy quiso “aclarar alguna serie de cosas que no son verdad” en torno a este programa, aseverando que “no deja fuera a las personas solas, las personas mayores, las personas que tienen hijos de mayor edad”, que los bancos de alimentos “no van a cerrar y van a seguir funcionando con total normalidad y recibiendo financiación de las administraciones públicas y brindando la función esencial que brindan a la sociedad”.
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