El titular de Derechos Sociales ha reiterado que la vivienda es el principal factor de pobreza y exclusión social en España y ha reclamado una mayor intervención del mercado inmobiliario.
Tras el acuerdo alcanzado en Cataluña, el ministro plantea que la restricción a los grandes tenedores tenga un alcance estatal.
Bustinduy defiende que la limitación pactada en Cataluña tenga carácter demostrativo y se aplique en el conjunto de España
Defensa del modelo catalán
Bustinduy ha realizado estas declaraciones en un acto organizado por los Comuns sobre protección de la infancia, junto a la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, y la coordinadora de Comuns y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa.
Durante su intervención, ha señalado que el acuerdo en Cataluña demuestra que “se puede intervenir y que tiene resultados” y ha expresado su deseo de que la medida “se extienda al resto del Estado”.
El ministro ha defendido la “prohibición y restricción de las compras especulativas por parte de los grandes tenedores” como vía para “neutralizar la lógica de especulación en espiral alcista”.
Prórroga de contratos de alquiler
Bustinduy también se ha referido a la propuesta de Sumar en el Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler firmados durante la pandemia y que expiran en los próximos meses.
Según ha advertido, en aquellas comunidades donde no se aplica la ley estatal de vivienda, la no prórroga supondría la finalización de “cientos de miles” de contratos.
El ministro reclama extender la prórroga de los alquileres firmados en pandemia ante la expiración de “cientos de miles” de contratos
El ministro ha lamentado que esta iniciativa no haya salido adelante hasta ahora dentro del Ejecutivo, al considerar que se trata de una “medida mínima” y paliativa frente al encarecimiento del alquiler.
En este contexto, ha afirmado sentirse “inmensamente frustrado” por la falta de avances, aunque ha asegurado que su formación seguirá defendiendo la propuesta hasta que se apruebe.
La propuesta de limitar las compras especulativas y ampliar la protección a los inquilinos se produce en un contexto de creciente tensión en el mercado inmobiliario y de debate sobre la aplicación desigual de la ley de vivienda en las distintas comunidades autónomas.
