El ministro Pablo Bustinduy en una imagen de archivo 2
Así lo ha avanzado el ministro este viernes durante su intervención en el evento que ha organizado la Plataforma del Voluntariado de España ‘El voluntariado en la sociedad: construyendo compromisos solidarios’, en el Congreso de los Diputados.
«La próxima semana se va a llevar al Consejo de Ministros la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. No se puede permitir que las familias sigan asumiendo en solitario una carga que debería ser colectiva. El objetivo es construir un sistema público de provisión de cuidados que realmente merezca ese nombre», ha afirmado Bustinduy.
A su vez, ha reconocido los déficits históricos en esta materia: «sólo han pasado 18 años desde que se aprobó la Ley de Dependencia y, en ese tiempo, se ha vivido una década de recortes que han desmantelado el sistema. Es el momento de reconstruirlo y de garantizar que el voluntariado no sea un parche ante la falta de recursos, sino un actor clave en una sociedad más justa».
Además, en relación con el tema del evento, ha reflexionado sobre la necesidad de garantizar un equilibrio entre el trabajo de la sociedad civil y las responsabilidades del Estado. «Es una realidad que muchas asociaciones asumen tareas que deberían estar cubiertas por los poderes públicos. No se puede permitir que la falta de recursos haga recaer en la sociedad lo que es una obligación del Estado», ha apuntado.
También ha declarado que «este mundo está cambiando» pero que «lo que no cambia es la función social del voluntariado». «Hoy, más que nunca, es esencial reconocer y fortalecer su labor. Se ha visto en la pandemia y, desgraciadamente, se ha vuelto a ver con la dana, la ciudadanía organizada responde una y otra vez con compromiso absoluto», ha remarcado.
Entre las novedades que introducirá el Anteproyecto de ley que reformará las leyes de dependencia y discapacidad, según un borrador del texto al que tuvo acceso Europa Press el pasado mes de noviembre, se suprime el artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.
Además, según el mismo borrador, los trabajadores de residencias de mayores en situación de dependencia o de personas con discapacidad estarán obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, un requisito que ya se pide actualmente para trabajar con menores; las comunidades autónomas deberán establecer «sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos» y los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.
También modifica la ley anterior en lo referido a la obligación de las Comunidades Autónomas de establecer procedimientos de coordinación sociosanitaria y garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas en situación de dependencia «en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar de residencia».
Por otro lado, según figura en el texto, la violencia de género, el aislamiento social o circunstancias habitacionales, de accesibilidad o de salud, serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Asimismo, de acuerdo con el borrador, la asistencia personal dejará de ser una prestación económica vinculada a servicio y pasará a estar recogida en el Catálogo de servicios de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Igualmente, se incluye la teleasistencia para «todas las personas en situación de dependencia».
Todo ello está en línea con los principios en los que Derechos Sociales quiere que se inspire esta ley como «el respeto a la libertad de elección, la voluntad, preferencias y autodeterminación de las personas en situación de dependencia» y la «personalización de los cuidados».
En cuanto al servicio de cuidados y apoyos en viviendas, en el texto aparecen recogidas dos modalidades. Una de ellas es en una vivienda en la que conviven un número reducido de personas en situación de dependencia, ubicada en un entorno comunitario de viviendas ordinarias, con un modelo de convivencia participativo y consensuado entre las personas que conviven y con los servicios de alojamiento y manutención incluidos.
La otra modalidad consiste en viviendas dignas y adecuadas que formen parte de un equipamiento de carácter colectivo, ubicado en un entorno comunitario, y con servicios de cuidados comunes a todas las viviendas. El servicio de alojamiento no se incluirá en esta modalidad de prestación y en cada vivienda podrán convivir con la persona en situación de dependencia, personas allegadas o cuidadoras a propuesta de esta, según el texto.
Además, según el borrador, las residencias deberán convertirse en un entorno de «confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad» con la prestación de los apoyos necesarios «para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus preferencias, derechos e intimidad».
Asimismo, sobre los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, el borrador del anteproyecto contempla, por ejemplo, en el caso de las residencias, garantizar «una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional». También recoge el derecho de las personas en situación de dependencia «a recibir una atención libre de sujeciones».
Por su parte, en el ámbito de la discapacidad, la reforma contempla, entre otras novedades, la creación de un Registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad; la inclusión como infracción grave de «la exposición pública» de una persona con discapacidad en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales o la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal en el ámbito de la Administración General del Estado.
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