Las responsabilidades políticas y judiciales derivadas de la gestión de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid vuelven a estar en el punto de mira. Antonio Burgueño, ex director general de Hospitales, ha comparecido este lunes ante el juez encargado de investigar los protocolos de la vergüenza y ha admitido haber actuado como mando único sanitario. Estas revelaciones podrían derivar en una imputación directa, mientras Ayuso y su equipo siguen eludiendo responsabilidades.
El “mando único sanitario” en el foco judicial
Durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Antonio Burgueño reconoció explícitamente su papel de mando único sanitario bajo las órdenes de Isabel Díaz Ayuso, asumiendo la dirección y coordinación de todos los hospitales de la región. Burgueño señaló que esta figura no estaba formalmente reconocida, pero que él asumió esta responsabilidad a petición directa de la presidenta.
Estas palabras son clave para la investigación que dirige el juez Juan José Escalonilla sobre la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, cuando se aplicaron los protocolos de exclusión que impidieron trasladar a miles de ancianos a los hospitales.
Burgueño admitió: “No había un cargo específico, pero se me pidió coordinar los hospitales como mando único sanitario”
Posible imputación por los “protocolos de la vergüenza”
La investigación judicial, que ya ha llevado a declarar a varios responsables sanitarios, se centra en los documentos internos que restringían el acceso hospitalario a los ancianos procedentes de residencias, incluso cuando su estado lo requería. Estos protocolos de la vergüenza provocaron miles de muertes en soledad y sin atención hospitalaria.
Ahora, la admisión de Burgueño de su responsabilidad directa en la gestión sanitaria podría suponer un giro en la causa y desembocar en una imputación formal. El juez debe decidir en las próximas semanas si ve indicios suficientes para dar este paso.
Ayuso, en el centro de la polémica
La declaración de Burgueño vuelve a poner en el centro de la polémica a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien siempre ha negado cualquier tipo de responsabilidad directa en la aplicación de estos protocolos. Sin embargo, las palabras de su ex alto cargo confirman que la gestión sanitaria dependía directamente de un mando único sanitario, lo que cuestiona las explicaciones de la dirigente popular.
Mientras la investigación avanza, los familiares de las víctimas de las residencias siguen reclamando justicia y verdad. La causa se ha convertido en uno de los principales escollos políticos y judiciales para el Gobierno de Ayuso.
