La reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que comienza este miércoles en Bruselas marca un hito político: la vivienda entra en la agenda europea como asunto de interés común. El Ejecutivo español celebra este paso y considera que el respaldo del Consejo y de la Comisión Europea puede resultar determinante para articular una respuesta coordinada a un problema que afecta a millones de ciudadanos.
Moncloa valora especialmente que el nuevo presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa, haya elevado el debate hasta el máximo nivel político. España acude al encuentro con una propuesta centrada en dos ejes: movilizar financiación desde las instituciones comunitarias y avanzar hacia una regulación europea del mercado del alquiler.
Financiación europea para vivienda asequible
España defiende que los fondos comunitarios y los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sean el pilar económico de la futura política de vivienda.
Aunque el presupuesto europeo aún no cuenta con un epígrafe específico para vivienda, el Gobierno subraya que los Estados miembros pueden destinar parte de sus planes nacionales a este fin y reclama que la UE incorpore un programa estable de apoyo a la construcción de vivienda pública.
La apuesta española busca que el BEI lidere un nuevo marco de financiación para vivienda social, similar al impulso dado a la transición energética
Según fuentes gubernamentales, esta vía permitiría reforzar los proyectos en marcha y acelerar la construcción de viviendas asequibles mediante modelos industrializados, con impacto directo en empleo y sostenibilidad urbana.
| Eje | Acción principal | Instrumento europeo |
|---|---|---|
| Financiación | Incluir vivienda en los planes nacionales | Fondos europeos y préstamos del BEI |
| Regulación | Controlar el alquiler turístico y zonas tensionadas | Nueva normativa comunitaria |
| Estrategia UE | Plan Europeo de Vivienda Asequible | Comisión Europea (2025) |
Regulación europea para frenar la especulación
El Gobierno español también plantea un marco normativo común que actúe sobre el alquiler turístico, el uso especulativo de la vivienda y la creación de zonas tensionadas en áreas urbanas. Estas medidas, ya contempladas en la Ley de Vivienda española, podrían encontrar respaldo comunitario para garantizar su eficacia.
España insiste en que la vivienda debe dejar de ser un activo financiero y volver a concebirse como un derecho social
Fuentes de Moncloa subrayan que la acción conjunta permitiría homogeneizar criterios y limitar el impacto de plataformas digitales que reducen el parque de vivienda residencial. Además, las futuras directrices europeas podrían flexibilizar las normas sobre ayudas estatales para facilitar inversiones públicas en vivienda social.
La Comisión trabaja en un Plan Europeo de Vivienda Asequible
La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, prevé presentar antes de que finalice 2025 un Plan Europeo de Vivienda Asequible. La iniciativa incluirá propuestas para revisar las normas de ayudas estatales, promover nuevas construcciones y regular los alquileres de corta duración, con el objetivo de abordar lo que Bruselas define como una “crisis social”.
El Ejecutivo comunitario prepara además una cumbre monográfica sobre vivienda para situar el tema entre las prioridades de la próxima legislatura europea
En el Gobierno español confían en que el plan de la Comisión refuerce su enfoque nacional y permita financiar proyectos de vivienda pública, rehabilitación y alquiler asequible en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Una oportunidad para reforzar la política social europea
El debate que se abre en Bruselas puede marcar el inicio de una nueva política social europea centrada en la vivienda, un ámbito hasta ahora relegado a las competencias nacionales. Para España, que ha situado este problema entre sus prioridades internas, supone una oportunidad de proyectar su agenda en el marco comunitario.
La combinación de financiación, regulación y cooperación institucional aparece como el camino más viable para frenar una crisis que afecta ya a más del 40% de los hogares europeos con dificultades para afrontar el alquiler o la hipoteca.
