La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta de presupuesto para el periodo 2028-2034 y el anuncio ha sentado como un jarro de agua fría en España. El país verá reducida en 11.900 millones de euros su asignación respecto al anterior marco financiero, principalmente en políticas clave como la PAC y la Cohesión. Desde el Gobierno se advierte del posible coste político y territorial, mientras se critica la mayor carga administrativa que impondrá el nuevo sistema de reparto y control.
España perderá 20% en ayudas para agricultura y desarrollo regional
Según la propuesta presentada por la Comisión Europea, España recibirá 88.100 millones de euros del presupuesto comunitario a partir de 2027, frente a los 100.000 millones del periodo anterior. De esa cifra, 79.900 millones estarán destinados a la PAC, el sector pesquero y los fondos de cohesión regional, lo que supone una rebaja del 20%.
El recorte afecta directamente a las comunidades autónomas más dependientes del desarrollo rural y de los fondos para convergencia territorial
Otros 3.000 millones se asignan a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior, y 5.300 millones al nuevo Fondo Social para el Clima.
Críticas del Gobierno: “Desvirtuación del apoyo al mundo rural”
Durante la reunión de ministros de Asuntos Generales celebrada en Bruselas, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha criticado duramente la propuesta de la Comisión.
«Nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar», ha afirmado
Sampedro ha advertido de que este modelo de distribución puede agravar los desequilibrios regionales y perjudicar especialmente a las zonas rurales, ya afectadas por la despoblación y la falta de inversión estructural.
Un modelo de gestión más rígido y condicionado
Otra de las preocupaciones del Ejecutivo español es el nuevo sistema de ejecución de los fondos, basado en los mecanismos utilizados para los planes de recuperación y resiliencia. Este modelo introduce elementos como la cofinanciación obligatoria, la certificación de gastos, y el cumplimiento de hitos y objetivos.
«Es excesivamente complejo, todo lo contrario de lo esperado en un ejercicio en el que pretendíamos simplificar el marco presupuestario», ha criticado Sampedro
Además, el secretario de Estado mostró su rechazo a los nuevos recursos propios que plantea Bruselas para financiar el presupuesto, ya que muchos provendrían de impuestos nacionales ya existentes.
Inicio de un largo proceso de negociación
A pesar de las críticas, el documento presentado por la Comisión Europea no es definitivo. Se abre ahora una etapa de negociaciones de al menos dos años entre los gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo.