La restricción se estableció en un tope de 180 euros para los ingresos del mercado por megavatio hora (MWh) de electricidad producida a fin de minimizar el impacto en el precio final de la electricidad de las costosas fuentes marginales que determinan los precios, como el carbón o el gas, garantizando al mismo tiempo un rendimiento razonable de la inversión para las tecnologías afectadas.
Sin embargo, el informe señala que los precios de la electricidad han disminuido a menos de 80 euros por MWh y se considera que los picos de precios de la electricidad observados a lo largo de 2022 sean “menos probables en el próximo invierno”.
Ante esta estabilización de los precios de la energía, Bruselas considera en su nuevo informe, elaborado a partir de una consulta pública, que los beneficios del actual límite de ingresos inframarginales “no compensarían el impacto sobre la seguridad de los inversores y los riesgos para el funcionamiento del mercado y la transición”.
La revisión ha constatado que la aplicación del límite máximo de ingresos varía mucho de un Estado miembro a otro, lo que ha provocado una “gran incertidumbre entre los inversores”, a lo que también se suma el hecho de que, en algunos países de la UE, la aplicación del límite ha afectado a la celebración de acuerdos de compra de energía y otros contratos a largo plazo.
La conclusión de la Comisión coincide así con las respuestas recibidas de la mayoría de los participantes en el sondeo, que se oponían a una prórroga de la medida debido a la incertidumbre que ha causado entre los inversores.
Dadas las actuales condiciones, Bruselas tampoco ve la necesidad de prorrogar otras medidas de intervención del mercado, como la reducción de la demanda, que se ha introducido además de forma estructural en su propuesta de revisión del mercado de la electricidad, que también permitirá a los Estados miembro intervenir temporalmente en los mercados minoristas fijando un precio inferior a los costes para hogares y pymes ante posibles situaciones de crisis futuras.
