Banderas de la Unión Europea
La consulta estará abierta durante ocho semanas, hasta el 3 de junio de 2021 y con ella el Ejecutivo comunitario quiere «facilitar que los Estados miembros apoyen la I+D+I, incluidas las pequeñas y medianas empresas» a la vez que se garantiza que las «distorsiones a la competencia son mínimas».
«Invitamos ahora a todas las partes interesadas a compartir sus opiniones. Se trata de aportar los incentivos correctos para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos y facilitar las transiciones verde y digital de Europa», ha destacado en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
A juicio de Bruselas, el marco sobre ayudas de Estado de I+D+I «ha funcionado bien en general» y «constituye una herramienta efectiva para fomentar actividades de investigación, desarrollo e innovación tanto a nivel nacional como europeo».
Sin embargo, la evaluación que han llevado a cabo las autoridades europeas también ha revelado que «pueden ser necesarios algunos ajustes a las normas actuales para reflejar las últimas novedades legales, económicas y tecnológicas».
Así, entre los cambios que propone el Ejecutivo comunitario está el de «mejorar y actualizar» las definiciones actuales de actividades de investigación e innovación que son apoyadas bajo el paraguas de la normativa, en especial para «aclarar su aplicabilidad con respecto a tecnologías digitales y actividades relacionadas con la digitalización».
También plantea introducir nuevas disposiciones para permitir que se puedan dirigir ayudas públicas a infraestructuras tecnológicas con la intención de contribuir a su «rápido» desarrollo por parte de pymes y avanzar en la transición hacia una economía más digital y de bajas emisiones.
Por último, la reforma incluye la simplificación de algunas reglas, por ejemplo mediante la introducción de nuevas metodologías de cálculos de costes para determinar aquellos que pueden ser elegibles para ser cubiertos por ayudas públicas.
La Comisión Europea planteará todos los cambios propuestos también a los Estados miembros en una reunión que tendrá lugar al final del la consulta, de forma que las capitales también puedan expresar sus opiniones sobre la propuesta. Bruselas pretende adoptar el nuevo marco durante el segundo semestre del año.
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