Banderas de la Unión Europea
La iniciativa de Bruselas recoge el compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%. El objetivo es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable.
«No introducimos una armonización fiscal en la UE, sino que establecemos un suelo para que al menos haya un tipo efectivo mínimo. Las diferencias entre sistemas fiscales seguirán estando dentro de la UE, pero no podemos aceptar la idea de que la competencia empresarial sea una carrera a la baja», ha indicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
En este sentido, la propuesta de directiva afectará a grandes compañías, tanto nacionales como multinacionales, y del sector financiero, con ingresos de más de 750 millones y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la UE.
Funcionará a través de un complemento tributario en caso de que el tipo mínimo no sea aplicado por el Estado miembro en el que se establezca la empresa y, además, la directiva incluirá provisiones para garantizar que las autoridades nacionales aplican este «complemento» tributario.
La norma busca que el pago de impuesto sea efectivo también en casos en los que las filiales de las compañías se encuentren en un paraíso fiscal fuera de la Unión, donde no se aplique reglas equivalentes.
El plan de Bruselas, que tiene que ser ahora adoptada por los Veintisiete, establece una exención a las empresas para el pago del impuesto complementario una cantidad de ingresos que sea al menos 5% del valor de los activos fijos de la empresa y el 5% de los gastos en nóminas.
Con respecto a los tiempos, Gentiloni ha defendido que el planteamiento se discutirá en el encuentro de ministros de finanzas de la UE en enero, con la vista puesta en la adopción de un acuerdo durante la presidencia francesa del Consejo, en el primer semestre de 2022. Todo con la idea de cumplir el objetivo de que entre en vigor en 2023.
La segunda propuesta presentada por Bruselas este miércoles pone el foco sobre las empresas pantalla, entidades a las que quiere poner coto, al entender que son fundamentales para combatir la evasión fiscal.
La idea es garantizar que las entidades de la Unión que tienen una actividad económica mínima o nula no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y no supongan una carga financiera a los contribuyentes. De esta forma se busca hacer poco útiles este tipo de empresas.
Bruselas quiere perseguir este objetivo incrementando la transparencia sobre estas sociedades y permitiendo que las autoridades nacionales identifiquen, mediante criterios claros, aquellas compañías fantasmas destinadas a la evasión fiscal. La clave de la directiva es que los Estados miembros podrán pedir explicaciones a otros sobre entidades que resulten sospechosas de ser usadas para evadir el pago de impuestos, ha indicado Gentiloni.
«Esto resulta un punto decisivo de la norma, porque implicará que no habrá barreras al conocimiento. Esto será crucial, ya que si hay información se podrá intervenir», ha explicado el comisario italiano.
Este mismo miércoles el Ejecutivo comunitario ha presentado además otros dos instrumentos que sumados a la reforma fiscal global permitirán, según los cálculos de Bruselas, generar recursos propios a la UE por valor de 17.000 millones de euros.
La propuesta ha visto la luz en la última reunión de comisarios del año después de que se fuera retrasando desde el pasado verano, cuando estaba prevista su presentación, e incluye medidas de calado como la revisión del sistema de comercialización de emisiones y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera.
Sobre la primera medida, la propuesta de la Comisión es que un 25% de los ingresos de la UE en el comercio de emisiones vaya a parar al presupuesto comunitario, lo que generará ingresos de unos 12.000 millones a Bruselas.
En el caso del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, la novedosa medida para gravar las importaciones a la UE teniendo en cuenta estándares de sostenibilidad, Bruselas quiere que el 75% de los ingresos de los Estados miembros por este concepto se destinen a las cuentas de la UE, estimando en 1.000 millones de media anuales el impacto de esta medida para el presupuesto de la UE desde 2026.
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