La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso para reformar la ley hipotecaria, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre y que ahora tiene que superar los trámites correspondientes en el Congreso y en el Senado.
Según publica Europa Press, así se desprende del recurso presentado por el Ejecutivo comunitario ante la Justicia europea el pasado 27 de septiembre, en el que solicita que se imponga esta sanción diaria desde el momento en que el TJUE corrobore en una sentencia el incumplimiento de la obligación de adoptar o notificar las disposiciones necesarias para cumplir con la directiva sobre contratos de crédito.
Esta normativa europea debía haber sido traspuesta por los Estados miembros a sus legislaciones nacionales antes del 21 de marzo de 2016, pero en el caso de España su aprobación se vio entorpecida también por las dificultades de formar gobierno y la repetición de las elecciones generales.
Finalmente, la Comisión Europea denunció a España ante el TJUE en abril de este mismo año, junto a Croacia, Chipre y Portugal, por retrasarse en su obligación de adaptar sus normativas nacionales a las disposiciones recogidas por la directiva europea.
Por ello, Bruselas pide al tribunal que declare que España ha incumplido las obligaciones recogidas en esta legislación y propone que se imponga una multa “coercitiva” diaria de 105.991,60 euros. El importe, defiende el Ejecutivo comunitario, se ha calculado “teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago” de España.
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, pero la norma debe superar los trámites parlamentarios para ser aprobada formalmente.
