En líneas generales Europa va mejor de lo esperado pero la guerra y la inflación son lo mayores riesgos económicos en este momento según los datos facilitados por la Comisión Europea sobre el semestre europeo. El vicepresidente Dombrovskis subrayó la capacidad de resiliencia de la UE y especialmente el mercado de trabajo que está en uno de los mejores momentos por el bajo número de desempleados. Bruselas exige que a final de año estén “desmanteladas las medidas fiscales de ayuda por el alza de los costes de la energía” según anunció Gentiloni. También reclamó una política fiscal prudente y sostenible que permita el crecimiento, además mantener las inversiones públicas que tanto han ayudado al desarrollo económico los últimos años.
En el análisis de Bruselas se mantiene recomendaciones para la mayor parte de los países, entre ellos España por ciertos desequilibrios, fundamentalmente, en el caso de Madrid, porque tanto déficit como deuda pública están por encima de las previsiones. “En el caso de Alemania, Francia, España y Portugal esos desequilibrios tienen a la mejora de modo que pedimos que se mantengan en esa línea” en opinión de Dombrovskis.
Los expertos de Bruselas estiman que España está en la senda adecuada y que las previsiones planteadas por Madrid son adecuadas al momento, aunque hay una ligera discrepancia sobre el déficit público, puesto que la Comisión prevé que será del 3,3% y el gobierno español del 3%. Se prevé, por tanto, que España cumpla con las exigencias macroeconómicas de la Comisión.
El déficit de las administraciones públicas españolas disminuyó del 6,9% del PIB en 2021 al 4,8% en 2022, mientras que la deuda de las administraciones públicas cayó del 118,3% del PIB a finales de 2021 al 113,2% a finales de 2022. La previsión es que se siga reduciendo y se pide a España que deberá tenerlo en cuenta en la ejecución de su presupuesto para 2023 y en la preparación del proyecto para 2024.
RECOMENDACIONES A ESPAÑA
Entre las medidas que exige Bruselas están: Suprimir las medidas de apoyo a la energía en vigor antes de finales de 2023, utilizando el ahorro correspondiente para reducir el déficit público. Garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 a no más del 2,6%. Preservar la inversión pública financiada a nivel nacional para fomentar las transiciones ecológica y digital.
Para el período posterior a 2024, seguir aplicando una estrategia fiscal a medio plazo de consolidación gradual y sostenible. Mantener el impulso en la aplicación constante de su plan de recuperación y resiliencia.
