El objetivo de esta ley, que Bruselas lanzó en respuesta al dopaje de Estados Unidos y China a sus industrias, es acercarse o alcanzar, para 2030, al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas con un balance de cero emisiones netas fabricadas en la UE.
La consulta sobre esta regulación estará abierta durante cuatro semanas, hasta finales de febrero, y servirá al Ejecutivo comunitario como base para dar forma a los borradores que se presentarán después a consulta a los Estados miembro antes de que la Comisión apruebe finalmente los textos legislativos.
En concreto, la consulta atañe a disposiciones de la ley como las normas de las subastas para desplegar fuentes de energía renovable, los componentes utilizados para armar las tecnologías ‘limpias’ o criterios de selección de proyectos estratégicos.
El objetivo de la consulta es esbozar una definición general y parámetros más detallados para armonizar la aplicación de estos criterios, dejando al mismo tiempo cierta flexibilidad a los países de la UE.
