La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los cambios en la normativa laboral española deben ser la «primera prioridad» en el diseño del plan de recuperación que está preparando el Gobierno español para absorber los 140.000 millones de euros que le corresponden a cargo del fondo europeo para impulsar la economía tras la pandemia.
«Una reforma amplia y ambiciosa es la primera prioridad porque el país necesita atajar en serio la dualidad de su mercado de trabajo y los muy elevados niveles de desempleo juvenil», ha dicho el letón en unas declaraciones adelantadas por ‘El País’.
Dombrovskis ha subrayado que es «muy importante» que España elabore «correctamente» su plan de inversiones y reformas porque su economía «sufre debilidades estructurales» que la crisis provocada por pandemia ha hecho «más visibles».
Otro de los aspectos que el Ejecutivo comunitario quiere ver en el plan es una revisión de las política activas de empleo, que «hasta ahora no han funcionado bien» y «serán crucales para ayudar a trabajadores y empresas en el proceso de transformación económica» que se iniciará con el despliegue de las ayudas europeas.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea ha insistido, en todo caso, que el plan de España está «muy avanzado» y que sus contactos con las autoridades españolas han sido «muy constructivos». «Esperamos que España pueda remitir su plan en las próximas semanas», ha confiado el letón.
El Gobierno, en concreto, dispone todavía de un mes para enviar a Bruselas la versión definitiva de su plan de recuperación. El Ejecutivo comunitario dispondrá entonces de dos meses para evaluarlo antes de que pase a manos del resto de socios del bloque, que también tendrán que dar ‘luz verde’ a la estrategia.
Una vez sea aprobada por los Estados miembros, España podrá recibir un primer anticipo de unos 10.000 millones de euros, algo que Bruselas espera poder hacer en verano. El resto del dinero se irá desembolsando a medida que se vayan cumpliendo una serie de «hitos y objetivos». Las autoridades comunitarias han pedido precisamente a España y al resto de países una mayor precisión en la definición de estas metas intermedias.
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