España tendrá un déficit estructural medio superior al 3% del PIB entre 2020 y 2021, el más alto de la eurozona, y la Comisión Europea considera que se debe en buena parte a que la recaudación fiscal se sitúa por debajo de la de sus socios europeos. Así consta en un informe hecho público hoy en el que el Ejecutivo comunitario señala al Gobierno español que existe “margen” para dar una vuelta de tuerca al IVA, los impuestos medioambientales y el IBI sin dañar el crecimiento económico.
En su último informe semestral sobre la economía española, la Comisión destaca que España tiene una ratio impuestos / PIB más baja que otros países europeos. En concreto, los ingresos tributarios ascendieron en 2018 (últimas cifras conocidas) a un 34,7% del PIB, muye lejos del 39,2% de media de la Unión Europea y aún más del 40,6% de la eurozona. Es más, “el nivel de imposición sigue siendo relativamente bajo en relación con el gasto”, considera el Ejecutivo comunitario, que teme que la situación vaya a más dado que el nuevo Gobierno de coalición “ha anunciado aumentos en el gasto en salud, educación y vivienda, entre otros”.
Si bien el Gobierno de Sánchez ha anunciado ya algunas medidas en materia fiscal, como un mayor tipo efectivo en el impuesto de sociedades, unos tipos máximos más altos en el IRPF o la introducción de nuevos gravámenes como la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’, para Bruselas “todavía hay que evaluar el impacto de las medidas anunciadas”. Mientras tanto, considera que “sigue habiendo margen para aumentar los ingresos procedentes de otros impuestos como los impuestos sobre el consumo, los impuestos recurrentes sobre la propiedad [es decir, el IBI] y los impuestos relacionados con el medio ambiente, con un impacto relativamente limitado en el crecimiento económico”.
En lo que se refiere al IVA, la Comisión destaca en su informe que España “recauda relativamente poco” con este gravamen, a pesar de que el tipo es similar al de otros países de la UE. “Esto se debe al uso extensivo de tasas reducidas y superreducidas”, señalan los autores del informe que destacan que “mientras que los tipos reducidos en España tienen de media algún efecto progresivo – casi enteramente debido a los tipos más bajos en los alimentos – los tipos más bajos en muchos artículos son en realidad regresivos”. 2Esto es cierto, por ejemplo, en el caso del tipo reducido para restaurantes y hoteles”.
También los impuestos medioambientales están por debajo de la media europea, destaca Bruselas, que pone su foco especialmente en el transporte. “En 2018, los impuestos sobre el transporte representaron el 12,7% del total de los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales, en comparación con una media de la UE de alrededor del 19,7%. Por ejemplo, los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina son relativamente bajos en España”.
En general, se considera que los impuestos verdes “son menos perjudiciales para el crecimiento que otros impuestos, como los que gravan el trabajo”, destacan los autores del informe, al tiempo que “pueden constituir un incentivo para limitar las actividades perjudiciales para el medio ambiente integrando el costo total de estas últimas en el precio”. Sin embargo, “hay que tener cuidado de asegurar que el diseño del sistema fiscal mantenga su capacidad de recaudación de ingresos a largo plazo”, aconseja Bruselas.
Bruselas detecta también en su informe una recaudación baja de los “impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria”, es decir, el IBI. En ese sentido, destaca que estos gravámenes “se encuentran entre los menos perjudiciales para el crecimiento y son preferibles a los impuestos sobre las transacciones, ya que permiten una asignación más eficiente de los activos y una mayor movilidad de la mano de obra”.
Por último, la Comisión encuentra un “motivo de preocupación” en el envejecimiento de la plantilla de Hacienda, ya que solo el 17% de los trabajadores era menor de edad en 2017. Si se tiene en cuenta además que España tiene el menor número de trabajadores del fisco de todos los países de la UE, la situación podría desembocar en una “escasez de recursos humanos en el futuro, con un impacto adverso en la recaudación de impuestos”.
No obstante, Bruselas reconoce que en 2019 se pusieron en marcha procedimientos para contratar a 1.300 funcionarios (inspectores de Hacienda, técnicos fiscales, agentes de Hacienda, agentes de la policía de aduanas y funcionarios auxiliares).
