La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Hungría impugnó junto a Polonia este mecanismo, en vigor desde el 1 de enero y que cuenta desde mediados de febrero con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En juego están más de 40.000 millones de euros en fondos europeos a los que aspira el Gobierno de Viktor Orbán, reelegido precisamente el pasado domingo.
Von der Leyen ha anunciado ante el Parlamento Europeo el envío de la «notificación formal», una carta a Budapest que implica el inicio formal del proceso y con la que Bruselas quiere terminar de presionar a las autoridades húngares para que emprendan, por ejemplo, reformas para prevenir la corrupción.
«Se activa un procedimiento que tiene un marco temporal específico, así que hay un proceso en marcha ahora», ha expuesto Von der Leyen, quien ha confirmado también que el comisario Johannes Hahn, responsable de Presupuesto, se ha puesto en contacto con las autoridades húngaras.
El bloqueo de fondos no es inmediato, en la medida en que pueden pasar aún varios meses antes de que se adopte una decisión definitiva en el seno de la UE, pero supone un paso más dentro de un mecanismo inédito que tanto Hungría como Polonia consideraron un exceso por parte de las instituciones comunitarias.
De hecho, ambos gobiernos impidieron durante varias semanas la adopción del último presupuesto europeo y del plan de 800.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 por sus críticas a dicho mecanismo.
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