El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, entre ellos Europa Press, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que, en última instancia, permitirá a la Comisión elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Con todo, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE, recoge la citada agencia.
Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.
Según han explicado fuentes comunitarias, las dos primeras disposiciones otorgan al ministro de Economía una capacidad discrecional de veto y un poder para decidir sobre operaciones bancarias que puede socavar los poderes del Banco Central Europeo (BCE), que son exclusivos en este ámbito.
