Ana Botín, presidenta de Banco Santander
La compra de Banco Popular por parte de Banco Santander, que se cerró a principios del mes de junio por el precio simbólico de un euro, “no plantea problemas de competencia”, según ha señalado la Comisión Europea en un comunicado que puede interpretarse como un respaldo de la gestión de los reguladores europeos de la situación de la entidad en apuros.
Bruselas considera que la operación “no aumentaría las preocupaciones del mercado”. “La cuotas de mercado combinadas de las partes son generalmente limitadas”, señala la Comisión Europea, que añade que existe una competencia “fuerte” en todos los mercados afectados, teniendo en cuenta además que estas cuotas combinadas se mantienen generalmente por debajo del 25%.
El Ejecutivo comunitario ha investigado la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de factorización y de prestación de servicios de cajero automático, tanto en España como en Portugal.
La venta de Banco Popular fue la primera prueba de fuego del nuevo marco regulatorio para la gestión de los bancos en apuros de la eurozona. La entidad fue ‘resuelta’ por la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés), puesta en marcha en 2016 y que cuenta con poderes para intervenir en las entidades a las que el BCE considere “inviables o con probabilidad de serlo”.
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